El congreso en Perú ha aprobado por unanimidad una ley que autoriza al ejército derribar cualquier avión sospechoso de transportar droga, lo que constituye un hito por la amplia aceptación para una táctica que ha causado controversia en la región.
La aprobación de esta ley concede a la fuerza aérea de Perú facultades para derribar aviones, cuando haya sospecha razonable de que la aeronave transporte drogas, bombas, armas u otros materiales explosivos, según el diario local La República. La medida está diseñada para aplicarse sólo como último recurso.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Perú es uno de los principales productores de coca en el mundo, y se considera que las rutas aéreas de tráfico son el principal medio de salida de drogas en el país.
Perú ya había prohibido el derribo de aviones después de un incidente en 2001, en el que la fuerza aérea abatió por error un pequeño avión civil que llevaba, entre otros, a una misionera estadounidense y a su hija de seis meses de edad. Las autoridades peruanas se basaban en inteligencia suministrada por operativos antinarcóticos de Estados Unidos cuando se abatió el avión.
Análisis de InSight Crime
Antes de la reciente decisión, Perú era uno de los mayores países productores y traficantes de droga que aún quedaban en Latinoamérica sin una ley actual de derribo de aviones en su legislación. Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y Venezuela tienen leyes vigentes que autorizan el derribo de narcoaviones. El que Perú se haya alineado en este frente con sus homólogos regionales puede ser una señal de la importancia que las autoridades dan a esta táctica en el combate al narcotráfico aéreo.
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Las fuerzas armadas de Perú ya habían orientado sus esfuerzos a la destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas con el fin de reducir los vuelos con drogas, pero dicha estrategia ha demostrado ser en gran medida ineficaz, ya que dichas pistas puede reconstruirse hasta en 24 horas, según informes. Perú es el primer tramo del llamado puente aéreo de la cocaína, que conecta a Perú con el segundo mayor consumidor mundial de esta droga ilegal: Brasil, vía Bolivia.
Sin embargo, el derribo de aviones sospechosos de transportar droga es problemático desde una perspectiva de derechos humanos, y puede afectar el grado de cooperación antinarcóticos entre Perú y Estados Unidos. Este último comenzó a retractarse del respaldo a tales programas tras el incidente de 2001 en Perú. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos dejó de compartir información de inteligencia de los radares antidrogas con las autoridades en Honduras tras la aprobación de una ley de derribo en ese país.
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