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Pescadores de Ecuador hacen ‘vueltas’ sin retorno

COCAÍNA / 20 MAR 2020 POR ANASTASIA AUSTIN ES

Un informe reciente arroja luz sobre la contradictoria práctica de las autoridades estadounidenses de detener a pescadores ecuatorianos que hacen de mulas en aguas internacionales y mantenerlos en “barcos prisión” en alta mar, muchas veces sin la opción de ser juzgados en su propio país.

El informe de la consultora ecuatoriana Parametría hace un análisis a fondo de cómo los barcos de la Guardia Costera estadounidense, no equipados para tener prisioneros, detienen a pescadores ecuatorianos y los mantienen recluidos a miles de millas en aguas internacionales. El informe señala que muchos de estos hombres tienen que soportar meses de detención extrajudicial incomunicados, muchas veces encadenados con grilletes y mal alimentados.

Según agentes estadounidenses entrevistados por The New York Times en 2017, estas condiciones no violan las normas federales de procedimiento criminal, pues los ecuatorianos no están formalmente bajo arresto al ser detenidos por la Guardia Costera. Parametría estima que hay 700 pescadores ecuatorianos retenidos en Estados Unidos.

Eventualmente, los hombres son acusados de narcotráfico, por lo general en tribunales del estado de Florida. El 96 por ciento de ellos se declaran culpables con el fin de reducir la posible sentencia de 20 años a una de 10 años en prisión.

VEA TAMBIÉN: Pescadores de Ecuador encarcelados en el exterior son muestra de ‘justicia en guerra contra drogas’

Y aunque el sistema carcelario de Ecuador también enfrenta sus propios problemas, el informe señala que el 80 por ciento de los pescadores solicitan traslados de repatriación para pagar sus penas en centros penitenciarios en su tierra, donde pueden tener más contacto con sus familias, en lugar de las llamadas telefónicas limitadas a la que tendrían derecho si permanecieran en Estados Unidos.

Parametría asegura que el 40 por ciento de esas solicitudes de traslado están suspendidas en un limbo de “en espera de aprobación”, mientras que un 18 por ciento son negadas y los solicitantes deben esperar para volverlas a pedir. Los hombres no saben si su solicitud es retenida por Estados Unidos o Ecuador, pues la única respuesta a sus peticiones de información es el silencio de ambos países.

Filter Magazine ha informado previamente sobre las desesperadas condiciones de pobreza, exacerbadas por el desastre ambiental y la inseguridad, que empujan a estos hombres a transportar cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Esos viajes se conocen como vueltas, y pueden representar entre US$10.000 y US$20.000 para los pescadores.

Análisis de InSight Crime

En un momento en que Estados Unidos está deportando cantidades récord de migrantes latinoamericanos, la mayoría de los cuales buscan quedarse a toda costa en el país del norte, es irónico que los ecuatorianos utilizados como mulas y que luchan por pagar sus condenas en casa estén siendo retenidos en Estados Unidos. Esto genera la pregunta: ¿para quién es esta política?

En su declaración ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en mayo de 2019, el almirante Craig Faller elogió a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias del Sur (Joint Interagency Task Force-South, JIATF-S), que patrulla el Pacífico del este, por su “retorno a la inversión”, pese a que añadió que esta solo intercepta el 6 por ciento de los flujos de droga detectados.

En 2018, Ecuador firmó un memorando de entendimiento con la JIATF-S, mediante el cual se formalizaba un acuerdo operativo en práctica desde 2006 que permite a la Guardia Costera “abordar y registrar barcos ecuatorianos bajo sospecha razonable de tráfico de narcóticos”.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre política de drogas

La JIATF-S ha señalado que estas medidas extremas se justifican porque los detenidos proveen inteligencia esencial. Pero estos pescadores ecuatorianos actúan en los escalones más bajos de la jerarquía del narcotráfico y hay poca evidencia de que su detención produzca alguna alteración real de los flujos de drogas o de las redes de narcotráfico.

La ironía de esta contradicción es que entre 2009 y 2017, cuando se formularon las políticas mencionadas, Estados Unidos deportó a casi 3,3 millones de migrantes, muchos de los cuales no han cometido ningún delito. Muchos de esos pescadores desearían recibir el mismo trato.

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