En los últimos días, las autoridades centroamericanas han arrestado a cientos de sospechosos de pertenecer a pandillas en operativos que han coincidido, pero su deseo de montar esas iniciativas a gran escala contra las pandillas no se ha igualado con un compromiso equivalente de enfrentar las recientes denuncias de corrupción grave entre sus funcionarios.
Los organismos de orden público en Honduras, Guatemala y El Salvador —el "Triángulo Norte" de Centroamérica— arrestaron a casi 500 pandilleros en los últimos días por acusaciones de extorsión, homicidio y otras actividades delictivas.
Los funcionarios describieron las redadas contra las pandillas, denominadas "Operación Escudo Regional", como transnacionales y coordinadas. Pero estas se desarrollaron completamente a nivel local, y poco aparte del tiempo indica que hubiera un aspecto transnacional en la iniciativa.
El 12 de septiembre, el comisionado de policía de El Salvador Howard Cotto anunció la captura de 420 sospechosos hasta el momento en operativos locales realizados en su país, entre los que se contaban "al menos diez cabecillas de estructuras criminales".
La operación en desarrollo, que según los representantes del gobierno apunta a 13 "clicas" o células por lo menos, de la MS13, también ha conducido a los arrestos de varios agentes de seguridad y un exalcalde, a quien se acusa de proveer armas y dinero en efectivo a pandilleros a cambio de su respaldo en sus campañas políticas.
El Ministerio publico de Guatemala también anunció que 358 redadas de la policía local en el país habían terminado con 163 arrestos el 11 de septiembre, como parte de la "operación transnacional contra la extorsión". También se decomisaron armas de fuego, municiones, vehículos y cocaína.
El Ministerio publico de Honduras se manifestó públicamente para respaldar la Operación Escudo Regional, aunque en ese país no parece haber habido arrestos o decomisos en días recientes.
Los boletines de prensa y las declaraciones en redes sociales de los ministerios publicos de los tres países del Triángulo Norte también citaban apoyo del gobierno estadounidense para la operación.
Análisis de InSight Crime
Los gobiernos del Triángulo Norte anunciaron la Operación Escudo Regional como un operativo transnacional exitoso contra "estructuras criminales". Pero aunque esto pueda ser conveniente en términos políticos, es poco probable que los arrestos masivos tengan algún impacto sustancial a largo plazo en la capacidad de operación de las pandillas en estos países. Y quizás lo más preocupante sea que operativos como estos pueden estar desviando recursos y la atención lejos de las investigaciones por denuncias crecientes de participación en actividades criminales por parte de élites de alto nivel en toda la región.
En El Salvador, una serie de revelaciones recientes pusieron al descubierto el alcance de la relación entre los políticos y las pandillas del país, la participación de agentes de policía en actividades de limpieza social y presuntos esfuerzos del gobierno por apoyar una facción disidente de la MS13. Sin embargo, las investigaciones oficiales sobre estos hecho no se han movido con la misma celeridad que los operativos casi diarios contra las pandillas en el país.
De hecho, algunos altos funcionarios de esta y de pasadas administraciones, acusados en un juicio reciente de orquestar una tregua de pandillas como "política de Estado" no fueron acusados de ningún delito. Y los policías acusados de hacer parte de escuadrones de exterminio fueron puestos en "trabajo administrativo", mientras que sí se detuvo a otros agentes que presuntamente introdujeron celulares y marihuana de manera ilícita a la cárcel para entregarlos a pandilleros.
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Guatemala también ha tenido problemas para actuar con celeridad y efectividad con las indagaciones sobre corrupción entre la élite. El congreso votó recientemente para proteger la inmunidad del presidente Jimmy Morales, blindándolo contra procesos judiciales e imposibilitando continuar la investigación sobre las finanzas de la campaña del mandatario, lo que pudo incluir contribuciones del presunto narco Marlon Francesco Monroy Meoño, alias "El Fantasma".
En un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, la embajada estadounidense intentó llamar la atención sobre la manera como las élites guatemaltecas se están movilizando para protegerse de las investigaciones por corrupción en lugar de atender estos problemas de manera prioritaria. El mensaje fue publicado luego de que las noticias divulgaran en primicia la noticia de que el congreso había votado para introducir reformas legislativas que protegieran a los políticos de acusaciones relacionadas con la financiación ilegal en sus campañas.
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) 13 de septiembre de 2017
También se ha denunciado que un expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, tiene vínculos con narcotraficantes. Recientemente su hijo, Fabio Lobo, fue sentenciado a más de dos décadas en prisión por una corte estadounidense luego de declararse culpable de conspiración para traficar cocaína. Pero el Lobo mayor sigue en libertad y niega cualquier participación en delitos.
Aun cuando este tipo de escándalos sigue sacudiendo a la región, los últimos arrestos en El Salvador y en Guatemala indican que las autoridades no hacen cambios en las actividades relacionadas con los operativos antipandillas —de mano dura y localizados—, en lugar de dirigir sus esfuerzos hacia la corrupción entre las élites que facilitan tanta criminalidad en la región.
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