Los asesinatos perpetrados por la policía en República Dominicana aumentaron un 13 por ciento en la primera mitad de 2014, según Amnistía Internacional, lo que destaca el fracaso del gobierno para abordar las violaciones generalizadas a los derechos humanos, a pesar de las promesas de una reforma policial.
Según cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana publicadas por Amnistía Internacional, 87 personas fueron asesinadas por la policía de República Dominicana entre enero y junio de este año, en comparación con las 77 que fueron asesinadas durante el mismo periodo en 2013. En una carta abierta al presidente dominicano Danilo Medina, Amnistía Internacional afirmó que la organización también había documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios perpetrados por la policía nacional del país.
Entre los casos recientes más atroces, destacados por AI, se encuentra el del joven de 17 años Walder Sánchez, quien fue asesinado por la policía el 30 de mayo. Aunque la policía afirmó que Sánchez había muerto en un tiroteo, los testigos declararon que él se encontraba desarmado al momento de su muerte. La policía presuntamente también golpeó a su novia embarazada y a la casera.
En otro reciente caso de presuntos abusos por parte de las autoridades que fueron destacados por AI, dos hombres al parecer fueron detenidos y golpeados tras rehusarse a pagar un soborno, y uno de los hombres recibió un disparo en la pierna por los oficiales de la policía.
Análisis de InSight Crime
El uso excesivo de la fuerza por parte de los policías es un serio problema en República Dominicana. Según un informe de Amnistía Internacional de 2012 (pdf), la policía fue responsable de aproximadamente el 15 por ciento de todos los asesinatos. Pese a que el número de personas asesinadas por policías cayó en 2013, un total de más de 700 personas fueron asesinadas por la policía entre 2011 y 2013, según la Procuraduría General de la República.
Las autoridades también han sido implicadas en otras actividades ilegales, con más de 500 policías y militares siendo despedidos por vínculos con grupos narcotraficantes entre 2007 y 2012. En un caso reciente, las investigaciones sobre una organización de microtráfico revelaron que los policías locales aceptaban alrededor de US$140.000 al mes en sobornos para facilitar las actividades ilegales del grupo.
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Dada la endémica corrupción y las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía nacional, el presidente Medina prometió reformar la policía y diseñar una política de seguridad ciudadana, cuando asumió el cargo en 2012. En línea con esa promesa, su gobierno introdujo una reforma en el Congreso en mayo de 2013, que incluyó el establecimiento de regulaciones sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego para que se adecuaran a los estándares internacionales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia. Más de un año después la ley aún está por aprobarse. Sin embargo, Amnistía Internacional atribuye este retraso tanto a la falta de voluntad política como a los poderosos intereses en contra de la reforma.
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