Tras reunirse con líderes regionales, el vicepresidente de Estados Unidos elogió los avances en el plan de seguridad multilateral para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero la realidad es menos halagadora de lo que sugieren sus perogrulladas diplomáticas.
El 3 de mayo, el vicepresidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con los presidentes Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras, para discutir los avances del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte —una iniciativa destinada a mejorar la seguridad y las condiciones económicas de Centroamérica con el fin de frenar la migración a Estados Unidos—. Según la Casa Blanca, el presidente Barack Obama también estuvo presente en la reunión.
Según el comunicado de prensa de la Casa Blanca, Biden se refirió a los avances en cada país, elogiando las medidas de lucha contra la corrupción en Honduras y Guatemala, así como las recientes medidas de seguridad ciudadana en El Salvador. El vicepresidente pidió más medidas para aumentar los ingresos de los gobiernos, combatir la corrupción, proteger a los defensores de los derechos humanos y poner en práctica un plan para profesionalizar la policía y reducir el papel del ejército en la seguridad interna, añadió.
El Congreso de Estados Unidos ha aprobado US$750 millones para dicho plan (pdf), pero existen condiciones previas para gran parte de estos recursos, que requieren que los gobiernos centroamericanos muestren avances en la seguridad fronteriza, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, entre otros asuntos.
Cada país, incluyendo a Estados Unidos, tiene planes concretos de acción que debe tratar de llevar a cabo en el año 2016. Para El Salvador, los compromisos de 2016 incluyen el establecimiento de una comisión conjunta de la policía y el ejército para definir un protocolo de derechos humanos durante las operaciones policiales. Los compromisos de Guatemala consisten en aumentar las investigaciones y juicios con respecto al tráfico de personas. Por último, Honduras se ha comprometido a proporcionar el apoyo “necesario” para su nuevo órgano de lucha contra la corrupción, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la OEA.
Análisis de InSight Crime
Si bien el escueto anuncio público sobre la reunión dio pocos indicios sobre lo que sucedió tras puertas cerradas, un examen de los avances de cada país revela que hasta el momento se han obtenido resultados diversos de la tan pregonada Alianza para la Prosperidad.
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Guatemala ha hecho grandes avances tras tomar enérgicas medidas contra la corrupción, por medio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero hay pocas señales —al menos públicamente— de que cumplirá sus compromisos en cuanto al tráfico de personas.
El Salvador puede estar implementando una nueva serie de medidas de seguridad orientadas a abordar los crecientes niveles de violencia e inseguridad, pero en lugar de mejorar la situación de derechos humanos, están aumentando las preocupaciones por las violaciones de estos últimos, especialmente por las evidencias que señalan que ha habido un aumento en los asesinatos extrajudiciales y en los escuadrones de la muerte.
Por su parte, aunque la MACCIH en Honduras ha hecho ambiciosas promesas, todavía hay dudas acerca de cómo las instituciones del país apoyarán la comisión respaldada internacionalmente.
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