El incesante tronar de la violencia letal en la agreste Ciudad Delgado pone en evidencia la incapacidad del "Plan El Salvador Seguro", implementado por el gobierno, para ofrecer alivio rápido a los males que aquejan la seguridad del país.
En un extenso y juicioso informe, La Prensa Gráfica señala que ochos meses después de la puesta en marcha del plan, este no ha traído alivio a los residentes por homicidios, extorsión y otros delitos atribuidos a las pandillas activas en Ciudad Delgado.
Datos del Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil (PNC) indican que en Ciudad Delgado hubo 115 homicidios entre agosto de 2015 y mediados de marzo de 2016, mientras que en los seis meses anteriores a la entrada en vigor de Plan Seguro hubo 95 homicidios, informó La Prensa.
Otras 9 personas resultaron “desaparecidas” desde agosto, dos menores sufrieron agresiones sexuales y cuatro personas recibieron amenazas de muerte.
La inseguridad sigue su curso pese a la alta presencia policial y militar, a los arrestos masivos de presuntos pandilleros y al discurso oficial de los organismos gubernamentales que trabajan en coordinación para generar soluciones holísticas.
Análisis de InSight Crime
Ciudad Delgado, un municipio de gran extensión, densamente poblado y en gran parte marginado, contiguo a la capital, San Salvador, fue la bandera del plan de seguridad del gobierno (pdf), que se presentó con gran ostentación en julio de 2015, y presenta una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo para un lugar sin guerra.
El entonces ministro de seguridad y de justicia Benito Lara prometió a los habitantes que “en poco tiempo la vida de la gente de Ciudad Delgado será cambiada y este municipio será el modelo a seguir en todo el territorio salvadoreño”.
Sin embargo, en lugar de ser un resquicio de esperanza, se ha convertido en el ejemplo de la inutilidad del gobierno. Sin duda, Ciudad Delgado ilustra la naturaleza ilusoria de la presencia reforzada de policía militarizada en medio de una continua falta de control territorial del estado y la ausencia de programas efectivos sociales, económicos y educativos a largo plazo.
Más aún, un aumento moderado de los homicidios en lo que va corrido de 2016 ha hecho considerar a los funcionarios la aplicación de medidas adicionales extremas, como la declaración de un estado de emergencia en zonas como Ciudad Delgado, lo cual restringiría los derechos constitucionales, y la imposición de sanciones a quienes cedan a demandas de extorsión con amenaza de violencia letal.
Estas medidas parecen aún más drásticas si se considera que las instalaciones de la policía y el ejército en la zona son como islas en un mar de efectivo control de las pandillas. El énfasis del plan en la prevención también se ha visto afectado por la falta de financiamiento. La arquitectura estratégica y el respaldo político requeridos para resolver un problema tan complejo como la violencia en El Salvador no se ha materializado.
Rascándose la cabeza como si hurgara en busca de la mejor respuesta, el jefe de policía de Ciudad Delgado Hugo Salinas “finalmente calcula que el municipio que tiene a su cargo necesitará ocho años más para tener menos asesinatos y menos adolescentes involucrados en pandillas”, según narra La Prensa.
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