Los recientes homicidios de cuatro conductores en Brasil muestran las dificultades que enfrentan estos servicios para velar por la seguridad de su personal en Brasil, pese al incremento de las medidas de seguridad.
Cuatro conductores pertenecientes a las plataformas de trayectos compartidos Uber y 99 fueron asesinados el 13 de diciembre en la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, noreste de Brasil. Los conductores fueron amarrados en una chabola, golpeados y luego torturados, después de recibir una llamada para acudir a la favela Jardim Santo Inácio, según un quinto conductor que logró escapar de la muerte.
El 17 de diciembre, Rui Costa, gobernador del estado de Bahia, dijo en una conferencia de prensa que los asesinatos fueron ordenados por un integrante de una pandilla local, porque "su madre hizo una llamada" para pedir un viaje y Uber lo "canceló".
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Aunque el extraño motivo ha sido ampliamente publicitado, el portal de noticias G1 publicó que la policía seguía investigando el caso y no había confirmado el móvil de la masacre.
El 27 de diciembre, la policía del estado de Bahia anunció el arresto del pandillero Benjamin Franco da Silva, a quien se señaló de pertenecer a la banda responsable del crimen, y quien habría confesado que la pandilla quería robar los vehículos, según un comunicado oficial. Otros cuatro sospechosos fueron identificados, pero dos resultaron muertos en un tiroteo con la policía y los cuerpos de los otros dos fueron hallados sin vida, sin que las autoridades entregaran mayores detalles.
No es la primera vez que los conductores de Uber y su competidor brasileño 99, entre otros, son blanco de ataques.
En “Super Pumped: The Battle for Uber” (Superinflado: la batalla por Uber), un libro publicado en septiembre de 2019 sobre el ascenso de Uber a la fama global, Mike Isaac escribía que en Brasil fueron asesinados 16 conductores de esa plataforma antes de que la empresa implementara prácticas de seguridad en 2016.
Debido a la fuerte dependencia del dinero en efectivo en la economía brasileña, se permitió pagar los servicios en efectivo directamente al conductor y crear cuentas sin más datos que una dirección de correo electrónico.
“Ladrones y carteles de taxistas furiosos atacaron. Una persona podía acceder a Uber con una cuenta falsa de correo electrónico, y jugar una versión de ‘ruleta Uber’: llamaban un auto y causaban desastres. Robaban y quemaban los vehículos, asaltaban a los conductores, los robaban y en ocasiones los asesinaban”, escribió Isaac en un fragmento de su libro publicado en el New York Times.
Análisis de InSight Crime
Las condiciones que enfrentan los conductores de plataformas de trayectos compartidos en Latinoamérica son brutales. Pese a eso, muchos han recurrido a esos empleos de fácil acceso, sin más requerimientos que una licencia de conducir y un historial judicial limpio.
Estos conductores han enfrentado violencia regular de taxistas que defienden su territorio, y se han sumido más y más en la clandestinidad ante los esfuerzos de los gobiernos por regular la industria.
Uber tiene más de 600.000 conductores en 100 ciudades de Brasil; el Guardian informó que muchos de ellos comenzaron a trabajar para la empresa luego de la profunda recesión en el país, que dejó cesantes a 12 millones de personas.
Los conductores de servicios de transporte por pedido han sido blanco de ataques en otros países de la región. En Buenos Aires, capital de Argentina, se registraron una serie de ataque, perpetrados principalmente por otros conductores de taxi, según CNN.
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Brotes de violencia e incluso homicidios de conductores se han conocido también en México, Colombia y Perú, por citar algunos países.
Aunque las empresas de trayectos compartidos han endurecido las regulaciones y afirman que están usando inteligencia artificial y máquinas inteligentes para delimitar zonas problemáticas e identificar riesgos, es difícil ver cómo puede mejorarse, en formas medibles, la seguridad de sus conductores en toda Latinoamérica.
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