Las próximas elecciones en Honduras han puesto en entredicho el futuro de la comisión de reforma que ha dado pasos importantes hacia la depuración de la fuerza policial del país.
El presidente Juan Orlando Hernández, quien está postulado para su reelección en los comicios del 26 de noviembre, ha defendido la labor de la Comisión de Reforma Policial como parte de una serie de factores que han contribuido a las recientes mejoras en la situación de seguridad en Honduras.
Pero hay otros candidatos que han indicado que no continuarían apoyando a la comisión y que podrían reincorporar a los oficiales que ya han sido destituidos.
El 14 de noviembre, Salvador Nasralla, candidato presidencial del partido Alianza de la Oposición, anunció que él reconsideraría los casos de los agentes de policía que han sido retirados recientemente por la comisión, informó La Prensa.
"Muchos de los policías y soldados que han sido depurados por la Comisión Depuradora deben ser sometidos al debido proceso", dijo Nasralla, quien señaló que cree que algunos policías depurados fueron expulsados como retaliación por investigar los vínculos entre altos funcionarios políticos hondureños y el crimen organizado.
Henry Osorto, un excomisario de la policía recientemente despedido, quien es candidato al Congreso por el Partido Innovación y Unidad, también criticó a la comisión y prometió ayudar a reintegrar a los oficiales retirados.
La comisión especial denunció las declaraciones de los políticos en una carta abierta con fecha del 14 de noviembre, en la que subraya los avances que ha logrado e insta a los grupos de la sociedad civil hondureña para que se pronuncien contra los intentos de dar marcha atrás a la reforma policial.
Análisis de InSight Crime
Las encuestas recientes han mostrado que Hernández es el favorito en las próximas elecciones, pero los comentarios de otros candidatos sugieren que el futuro de la comisión de reforma de la policía sigue siendo algo incierto. El hecho de que los candidatos cuestionen abiertamente el trabajo de la reforma es una señal de que la voluntad política para continuar la depuración de la institución podría estancarse en ciertos segmentos de la élite política.
En un evento del Wilson Center en Washington DC el 2 de noviembre, los miembros de la comisión reiteraron que el proceso de depuración y reforma de las instituciones de seguridad de Honduras llevará mucho tiempo y dependerá de la voluntad política constante, así como del apoyo continuo de los grupos de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
En este sentido, Estados Unidos podría ser un actor crucial para promover el apoyo a la comisión, incluso ofreciendo ayuda financiera en este sentido. Durante los 18 meses que la comisión especial ha estado vigente, los comisionados se han reunido en múltiples ocasiones con funcionarios de Estados Unidos, con el fin de buscar apoyo para sus esfuerzos de reforma, incluso durante una reciente visita al Capitolio.
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Aunque el más reciente esfuerzo de reforma policial ha tenido más éxito que los intentos anteriores, los observadores han señalado que las autoridades han intentado enjuiciar a los agentes por supuestas actividades criminales. Y como InSight Crime lo ha señalado, la intención de las autoridades hondureñas de duplicar el tamaño actual de la policía, con el fin de llegar a 26.000 funcionarios hacia 2022, se verá limitada por la falta de recursos y por la persistente debilidad de las instituciones del país.
Omar Rivera, uno de los miembros de la comisión, señaló en el evento de Wilson Center que, aunque se han realizado algunos avances, se necesitará una labor sostenida en el largo plazo para continuar progresando.
"Lo que ha funcionado mal por más de 20 años no se solucionará en 18 meses. Suponer algo así sería ingenuo. Apenas se ha plantado la semilla de este proceso y esperamos que prosperará y tendrá efectos positivos para la población", dijo.
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