Otro grupo de jóvenes ha desaparecido en México, lo cual ha llevado a la detención de un jefe de la policía y seis agentes, y puede reanudar la polémica por la corrupción en las policías locales de México y por la consecuente respuesta del gobierno.
Una adolescente y cuatro hombres jóvenes fueron secuestrados el 11 de enero tras ser detenidos por la policía en una gasolinera de Tierra Blanca, Veracruz. Según Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado de Veracruz, los agentes le entregaron los jóvenes a una organización criminal no identificada, informó Latin American Herald Tribune.
Al parecer, los jóvenes regresaban en su coche de unas vacaciones en la playa y fueron detenidos por exceso de velocidad.
El 18 de enero, la Procuraduría General la República (PGR) asumió el control de la investigación sobre esta desaparición. “No confiamos nada en las autoridades de Veracruz”, le dijo a Animal Político uno de los padres de los jóvenes desaparecidos.
Unos 140 oficiales estatales y federales siguen en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. Un vehículo que coincide con la descripción del que conducían los jóvenes fue encontrado en un pueblo vecino unos días después de la desaparición y será sometido a pruebas forenses, informó teleSur.
Análisis de InSight Crime
La rápida intervención de las autoridades estatales y federales en el reciente caso de desaparición sugiere que la administración del presidente Enrique Peña Nieto quiere evitar la vergüenza internacional y los percances generados por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, en condiciones preocupantemente similares.
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En ese caso, el gobierno descuidó la investigación. Sus conclusiones —según las cuales la policía local de Iguala secuestró a los estudiantes y luego se los entregó a la organización criminal Guerreros Unidos— fue fuertemente criticada en un informe de 560 páginas redactado por un panel de peritos judiciales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al igual que Guerrero, Veracruz está asediada por la violencia vinculada a los grupos criminales, el más fuerte de los cuales es Los Zetas. La posibilidad de que la policía estatal esté colaborando con los grupos criminales —como lo sugiere la investigación hasta el momento— no sería inverosímil en Veracruz. Sin embargo, queda por verse si la PGR y el fiscal general del estado de Veracruz pueden elaborar un caso más sólido que el que se adelantó en Iguala.
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