Autoridades de Argentina lograron detener una gran red de extorsión en la capital, Buenos Aires, en una operación que revela cómo la corrupción policial establecida ha favorecido las actividades ilegales en la ciudad.
El 21 de junio, la policía de Buenos Aires arrestó a Jorge Castillo, el llamado “rey” del infame mercado negro conocido como La Salada, por cargos de “apropiación ilegal del espacio público” y robo, según un comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.
La Policía detuvo a 21 individuos, incluyendo a un policía federal y dos provinciales, y tres familiares de Castillo, informó La Nación. El grupo presuntamente controlaba tres bandas criminales dentro del mercado: “Los Cucos”, “Los Chaqueños” y “El Río”. Estos grupos supuestamente cobraban 500 pesos (cerca de US$31) diarios a más de 8.000 comerciantes por el alquiler de un espacio equivalente a un metro cuadrado.
En un tuit, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la red criminal de Castillo como un “Estado paralelo”, en el que Castillo junto con un “ejército” de criminales podían extorsionar a pequeños comerciantes por sumas exorbitantes en complicidad con la Policía local.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos calificó a La Salada como uno de los “mercados negros más grandes de Suramérica”, y añadió que las condiciones laborales del lugar pueden “asemejarse a la esclavitud”. Inicialmente abierto al público en 1991, este mercado es reconocido por la venta de mercancías de contrabando y falsificadas a precios hasta diez veces más bajos que en tiendas legales.
Desde ese tiempo hacia acá, la iniciativa de La Salada se convirtió en un fenómeno nacional. Miles de “saladitas” a lo largo del país mueven cerca de $56 mil millones de pesos argentinos al año y son responsables de una cuota sorprendente del comercio local, 45 por ciento, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Análisis de InSight Crime:
El hecho de que Castillo y las redes criminales que dirigía hubieran trabajado presuntamente con la policía para realizar sus extensivas operaciones extorsivas, sirve como recordatorio de que la historia de corrupción de larga data en las instituciones de seguridad de Buenos Aires han facilitado las actividades criminales de la ciudad.
“No hay mafias que no funcionen en la Argentina sin complicidades policiales, judiciales y políticas”, sentenció el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
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En cierto modo es irónico que las redes de Castillo estuvieran extorsionando negocios que operaban al margen de la ley, lo que pudo haber contribuido a la facilidad con la que los extorsionistas podían seguir estafando a los comerciantes. En vez de cerrar estos negocios ilegales, parece que la Policía trabajaba de la mano con los criminales para aprovecharse de ellos.
Este episodio es otro ejemplo del alcance de la corrupción policial en Buenos Aires. Recientemente, el nuevo jefe de policía provincial estimó que la corrupción en la institución puede ser de diez por ciento, aproximadamente 90.000 oficiales