El presidente de El Salvador ha puesto en marcha una fuerza de Policía Comunitaria en San Salvador, la capital del país, una medida que está en línea con los llamados regionales para implementar medidas alternativas de seguridad ciudadana, en lo que podría ser un indicio de cómo será la todavía vaga estrategia de seguridad del nuevo gobierno.
El presidente Salvador Sánchez Cerén, el director de la Policía Nacional Civil Mauricio Ramírez Landaverde, y el ministro de Seguridad Benito Lara, anunciaron el despliegue de la nueva fuerza el 11 de agosto. Según el Ministerio de Seguridad de El Salvador, las patrullas serán desplegadas en las siete zonas y 42 sectores que conforman San Salvador.
La fuerza se coordinará con las comunidades locales con el fin de identificar los problemas de seguridad y los factores de riesgo, para así determinar las medidas adecuadas para abordarlos. Según EFE, hasta el momento 21.000 policías han sido entrenados para participar en este esquema.
La Policía Comunitaria será desplegada progresivamente en el área metropolitana de San Salvador antes de ser lanzada en el resto del país, informó AP.
La política no es nueva, sino que forma parte de un programa puesto en marcha en la anterior administración de Mauricio Funes. Se espera que en los próximos días el gobierno presente su propia estrategia de seguridad en el marco de la "Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia 2014-2019”, destinada a abordar cuestiones de crimen y seguridad, con un enfoque particular en los homicidios y la extorsión.
Análisis de InSight Crime
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, con las pandillas maras del país -la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18- siendo los actores clave de la inseguridad ciudadana. A pesar de que una tregua firmada entre las dos pandillas en marzo de 2012 inicialmente condujo a una fuerte caída en los homicidios, ahora, a medida que la iniciativa se desmorona lentamente, estos han vuelto a aumentar a los niveles previos a la tregua. La extorsión, el desplazamiento y las desapariciones continúan siendo problemas importantes.
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La implementación de un modelo de policía comunitaria podría ser un paso positivo hacia la búsqueda de un compromiso a largo plazo, una solución integral al problema de las pandillas. Éste contrasta con las políticas de seguridad de "mano dura" implementadas en el pasado para abordar el problema de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras, que han demostrado ser ineficaces e incluso perjudiciales, proporcionando a las pandillas jóvenes encarcelados listos para ser reclutados.
La policía comunitaria ha tenido éxito en otras partes de Latinoamérica. Nicaragua es quizás el ejemplo más conocido, con el gobierno atribuyéndole los bajos niveles de crímenes violentos y la ausencia de poderosas pandillas callejeras a su modelo de seguridad. Honduras también vio una disminución de la violencia en ciertos barrios de Tegucigalpa después de implementar un programa similar.
Esta nueva fuerza en El Salvador podría ser una indicio de que el nuevo gobierno planea centrarse en medidas alternativas de seguridad ciudadana. Sin embargo, fuentes dijeron a InSight Crime que la estrategia de seguridad global del gobierno Sánchez Cerén sigue siendo poco clara.
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