El procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador ha acusado a policías y soldados de haber cometido ejecuciones extrajudiciales en dos masacres el año pasado, lo cual significa un golpe a la credibilidad de los organismos de seguridad en un momento en que el país ha lanzado su más reciente ofensiva contra la violencia de las pandillas.
En una conferencia de prensa el 25 de abril, David Morales (procurador para la defensa de los derechos humanos) dijo que hay investigaciones que “evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley” en dos supuestos tiroteos, informó La Prensa. Los enfrentamientos en cuestión se produjeron en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015 y en el cantón Los Pajales, del municipio de Panchimalco, el 16 de agosto de 2015.
La policía informó que ocho delincuentes murieron en un tiroteo con oficiales y soldados en San Blas, y un policía resultó levemente herido. En Los Pajales, murieron cinco supuestos pandilleros en un tiroteo, en el que ningún agente de seguridad resultó herido.
Morales dijo que las pruebas reunidas en las escenas en ambos enfrentamientos contradicen los informes oficiales.
“En ambos casos [...] hemos llegado a la conclusión de que hubo ejecuciones extrajudiciales”, le dijo Morales a La Prensa. Dijo además que tres de los cuerpos en Los Pajales mostraban signos de haber recibido golpes adicionales tras haber sido heridos de muerte. Agregó que, en San Blas, cuatro cuerpos habían sido movidos de posición “para alterar la escena” y uno de los cuerpos mostraba signos de trauma cerebral. La procuraduría escribió en Twitter: “El Estado no puede ser peor o igual que el criminal, es preocupante casos de enfrentamientos donde se informa de ejecuciones extralegales”.
El Estado no puede ser peor o igual que el criminal, es preocupante casos de enfrentamientos donde se informa de ejecuciones extralegales.
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 25, 2016
Análisis de InSight Crime
Los asesinatos extrajudiciales cometidos por escuadrones de la muerte compuestos por policías y soldados no son un fenómeno nuevo en El Salvador. El año pasado, las investigaciones de los medios de comunicación salvadoreños sugirieron que escuadrones de la muerte que portaban uniformes de la policía fueron los responsables de la muerte de más de una docena de personas, algunas de las cuales no tenían ninguna afiliación con las pandillas, y que las muertes no fueron investigadas por las autoridades. Además, los escuadrones de la muerte y los asesinatos extrajudiciales fueron frecuentes durante los 12 años de guerra civil en el país, que terminó en 1992.
Durante la conferencia de prensa, Morales señaló que su despacho está revisando actualmente 30 casos de posibles asesinatos extrajudiciales que suman un total de 100 muertes, informó El Diario de Hoy.
Las pandillas tienen presencia en varias zonas del país, incluso en el sistema educativo, en el que han asesinado a 29 docentes y 130 estudiantes, según un informe reciente publicado por Notimérica. Como respuesta a la alta actividad y violencia de las pandillas, el gobierno salvadoreño recurre cada vez más a sus fuerzas de seguridad contra las pandillas, en un momento en el que el país enfrenta una crisis de seguridad. El 20 de abril, el país desplegó su nueva Fuerza Especial de Reacción El Salvador (FERES), que estuvo encargada inicialmente de capturar a los miembros de las pandillas que han huido a las zonas rurales para evadir la creciente presencia de las autoridades en las ciudades y pueblos.
En tanto el país intensifica la presión contra las pandillas callejeras, los funcionarios de seguridad salvadoreña harían bien en prestar atención a una lección que deben haber aprendido de la guerra civil: que los abusos oficiales y la impunidad no son una manera de establecer la ley y el orden o de reducir los niveles de violencia de una manera sostenible.
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