La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha determinado que agentes de la policía federal ejecutaron a, por lo menos, 22 personas en una granja el año pasado, un lúgubre recordatorio de que los abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en el país no se limitan al ejército.
Los hallazgos de La Comisión fueron resultado de investigación exhaustiva (pdf) sobre la masacre de 42 civiles y un agente de policía en el estado de Michoacán en mayo de 2015. Según la comisión, el uso excesivo de fuerza por parte de agentes de la policía federal llevó a la “ejecución arbitraria” de 22 personas, y a la muerte de otras cuatro. Luego del hecho, los agentes acomodaron las armas para que pareciera que las víctimas cayeron muertas en un tiroteo, según informó La Comisión en conferencia de prensa el 18 de agosto.
Las autoridades declararon inicialmente que el caso ascendió a una confrontación armada entre las fuerzas de seguridad y miembros del Cartel de Jalisco-Nueva Generación (CJNG), y se apresuraron a refutar las recientes conclusiones de La Comisión.
"El uso de armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho", dijo el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales, quien supervisa la policía federal. "Es decir, en sus mentes ellos actuaron en legítima defensa".
La policía federal dice que ellos fueron atacados por los presuntos narcotraficantes, lo que precipitó el tiroteo que comenzó a las 8:00 u 8:30 a.m. Pero la versión de la comisión dice que los agentes llegaron a la hacienda "de manera sigilosa" hasta dos horas antes.
La CNDH determinó que 13 de las víctimas cayeron muertas mientras estaban de espaldas a los policías. Cinco fueron abaleados desde un helicóptero que ofreció soporte desde el aire a los agentes en tierra. La comisión dijo que era incapaz de establecer las condiciones en las que resultaron muertas las otras 15 víctimas, al menos en parte por las alteraciones a la escena del crimen hechas por la policía.
Análisis de InSight Crime
Aunque se piensa que el ejército mexicano es el organismo que con mayor frecuencia comete abusos contra los derechos humanos, la investigación de la CNDH ilustra la fuerza letal que puede desatar la policía sin control. En noviembre pasado, por ejemplo, la comisión estableció que el uso excesivo de fuerza por parte de agentes de la policía federal dio lugar a la muerte de por lo menos seis personas en dos casos relacionados, ocurridos en enero de 2015. Y en septiembre de 2014, agentes de la policía municipal del estado de Guerrero secuestraron a 43 estudiantes bajo las órdenes de un alcalde antes de entregarlos a una pandilla de narcotraficantes locales. Se presume que los estudiantes están muertos.
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Pese a la evidencia en aumento de abusos contra los derechos humanos, la respuesta inmediata y a la defensiva del gobierno ante los hallazgos de la comisión indica que no está dispuesto a considerar las consecuencias de su estrategia militarizada en la seguridad interna. El presidente Enrique Peña Nieto, que inicialmente retiró al ejército de la acción en algunas regiones del país cuando asumió el poder a finales de 2012, ha mantenido una fuerte dependencia de las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra las drogas” iniciada bajo el mandato de su predecesor Felipe Calderón.
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