El Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández está tomando medidas expeditas contra la Policía Nacional luego de un explosivo informe que relataba cómo oficiales de alto rango estuvieron implicados en el magnicidio del zar antidrogas del país en 2009.
El 6 de abril, Hernández envió un decreto de emergencia al Congreso que autorizaría la destitución hasta de 1,500 agentes de la Policía Nacional, según La Prensa. Al día siguiente, los legisladores aprobaron el régimen especial por doce meses. La medida se da unos días después de que documentos oficiales obtenidos por el diario El Heraldo revelaran cómo docenas de agentes, incluidos miembros de la cúpula, planearon y ejecutaron el asesinato del zar antidrogas de Honduras Julián Arístides González en 2009, y el de uno de sus antiguos consejeros dos años después.
Hernández incluso dejó entrever la posibilidad de suprimir por completo la policía, si el gobierno resultaba incapaz de erradicar la corrupción profundamente enquistada en la institución.
"O eliminamos la Policía Nacional o creamos una [fuerza] que goce de la confianza de la población", señaló el mandatario.
Análisis de InSight Crime
La jugada de Hernández para depurar —e incluso hasta suprimir— la atribulada fuerza puede parecer una respuesta apropiada dada su historia de corrupción e impunidad, como lo ilustran estos dos casos. El gobierno había catalogado los homicidios de Gonzalez y de su asesor, Alfredo Landaverde, como "emblemáticos" y lleva años trabajando para resolverlos.
Pero el apabullante volumen de evidencia y detalle de las investigaciones iniciales apunta a una conspiración masiva, que tuvo éxito en mantener la participación policial por fuera del escrutinio público durante varios años. La verdadera prueba de la reforma será cuán detallado sea el develamiento de la conspiración. Centrarse exclusivamente en la policía puede no ofrecer el panorama completo al público de Honduras.
El que se traiga estos casos a la atención pública ahora, y mediante una filtración masiva al diario El Heraldo en lugar de hacerlo directamente a través del Ministerio Público y los canales judiciales debidos, ha hecho que algunos observadores se pregunten por los motivos que hay detrás del asalto de Hernández a la Policía Nacional. El presidente ha arriesgado un capital político considerable en la reforma de la institución mediante depuraciones sistemáticas, incluyendo el retiro de más de 700 agentes en diciembre de 2014.
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Hernández también ha promovido una estrategia de seguridad de mano dura que incluyó un fallido intento de incorporar a la constitución la recién creada Policía Militar del Orden Público. El congreso rechazó su moción en enero de 2015, pero la combinación de un escándalo en el que participó la policía civil y otra serie de purgas puede ofrecer al presidente la oportunidad de abordar el tema una vez más.
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