En tanto el Congreso debate la nueva legislación sobre armas de fuego, las autoridades de Honduras han emitido una respuesta pública relacionada con la reciente publicación de una investigación de InSight Crime sobre el tráfico de armas de fuego en el país, describiendo algunas de las medidas que están tomando para mejorar sus programas de control de armas.*
En un comunicado de prensa con fecha del 30 de agosto, la Policía Nacional de Honduras se refirió a varios de los puntos planteados por la reciente investigación de InSight Crime, que señaló el papel que cumplen las armas de fuego en los elevados niveles de violencia y criminalidad en Honduras.
Uno de los temas que clarifica el comunicado de prensa es el relativo al número de armas legales asentadas en el Registro Nacional de Armas (RNA). Según la policía, al 30 de julio el RNA tenía una base de datos de 159.928 armas registradas legalmente.
Cuando InSight Crime y nuestros compañeros de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) visitamos las oficinas del RNA en mayo de 2015, "el director del RNA no logró dar cuenta del número exacto" de armas registradas por la entidad, "y solamente dijo que su despacho había registrado 'unas 550.000 armas'".
Sin embargo, cuando volvimos a consultar al Ministerio de Seguridad en mayo de 2017, el director de comunicaciones del ministerio nos dijo que el gobierno tenía 325.000 armas registradas.
Según el comunicado de prensa, el RNA está "desempeñando funciones en el centro, norte y sur del país y próximamente se habilitará una oficina en el litoral atlántico".
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La policía también se refirió al tema del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), que se utiliza para comparar los datos de balística de las armas de fuego durante las investigaciones forenses.
La investigación de InSight Crime descubrió algunos problemas en la manera como estaba siendo utilizado dicho sistema, como que las autoridades estaban "registrando incorrectamente las huellas balísticas, lo que les costó cerca de ocho años de recolección de muestras".
Por otra parte, informamos que, mientras realizábamos la investigación, la policía había dejado vencer su licencia del software utilizado para el sistema IBIS, lo que significa "que muchas veces no pudieron acceder a la base de datos centralizada y subir las nuevas imágenes microscópicas que capturaban". Solicitamos información acerca de si la licencia había sido renovada, pero no recibimos respuesta.
Ahora, la policía dice que el sistema IBIS "funciona de manera eficiente", con más de 53.000 muestras balísticas disponibles para ser comparadas. El comunicado agrega que, a partir de enero de 2018, la policía podrá utilizar el sistema IBIS para producir informes periciales forenses, contando con el trabajo de "peritos balísticos capacitados en el extranjero, quienes estarán facultados para ejercer tan delicadas funciones".
La policía también se refirió a la información publicada por InSight Crime sobre varias amnistías ofrecidas por el gobierno, "que les permiten a quienes tienen armas ilegales registrarlas ante las autoridades sin tener que enfrentar sanciones". Nuestra investigación demostró que este largo y complicado proceso contribuye a menudo a que los ciudadanos eviten comprar o registrar sus armas de fuego a través de los canales legales.
El comunicado de prensa no refuta estas conclusiones, pero sí señala que las amnistías se han realizado de manera transparente y rigurosa. (Vea el comunicado de prensa original abajo).
El Congreso hondureño se encuentra actualmente examinando una propuesta legislativa para establecer nuevas clases de licencias de armas de fuego —una para posesión de armas de fuego en casa y otra para cargar armas de fuego en público— así como para restringir la propiedad de armas a un arma de fuego por persona.
Análisis de InSight Crime
Si bien la investigación de InSight Crime descubrió que las autoridades hondureñas enfrentan muchos graves problemas en sus esfuerzos por controlar el flujo de armas de fuego ilícitas tanto dentro del país como las que ingresan al mismo, la respuesta de la Policía Nacional muestra que la institución pretende abordar algunos de estos asuntos.
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Como escribimos en nuestra investigación, "los estatutos legales contradictorios, la corrupción, la malversación y la burocracia promueven el mercado negro en Honduras". Estos asuntos no serán fáciles de resolver y requerirán esfuerzos sostenidos y serios para reformar los sistemas y prácticas con profundas falencias en lo que se refiere a las investigaciones sobre el tráfico de armas de fuego, así como el uso de estas armas en actividades criminales.
Solucionar los problemas relacionados con las bases de datos utilizadas para registrar los cientos de miles de armas que circulan en el país sería un primer paso positivo.
* Este artículo ha sido actualizado para mostrar que los legisladores hondureños están considerando actualmente una propuesta legislativa relacionada con las armas de fuego.
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