Un periódico del occidente de México, que se encontraba investigando los vínculos entre "El Chapo" Guzmán y las fuerzas de seguridad, ha denunciado haber sido atacado por la policía, siendo este un recordatorio de que los grupos criminales no son la única fuente de agresión contra los medios de comunicación.
El 23 de febrero, Noroeste, con sede en el estado de Sinaloa, comenzó a investigar las acusaciones de que miembros de la policía municipal habían formado parte del cordón de seguridad del recientemente arrestado líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Noroeste inició la investigación poniéndose en contacto con la Oficina Municipal de Seguridad Pública, la cual se negó a hacer comentarios. El periódico reportó recibir inmediatamente una serie de amenazas telefónicas y mensajes que advirtían a los periodistas no publicar nada sobre el tema.
En los días siguientes, un fotógrafo fuera del edificio donde fue capturado Guzmán, fue obligado por un grupo de infantes de marina a borrar sus fotos, mientras que tres periodistas, que cubrían una marcha a favor de Guzmán, fueron golpeados, amenazados y despojados de su equipo de filmación por agentes de la policía.
Recientemente, un periodista que cubría un homicidio en una plaza pública, fue detenido por la policía y acusado de ser el autor del crimen. Fue más tarde liberado sin cargos.
Análisis de InSight Crime
México es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para trabajar como periodista, y ha habido durante mucho tiempo una falta de voluntad política para abordar el problema de forma efectiva. En 2012, Proceso informó que algunos de los periodistas asesinados en una ola de homicidios, habían estado en una lista negra conocida por las autoridades estatales, las cuales no tomaron ninguna medida al respecto.
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Aunque los casos más publicitados de violencia relacionada con los medios de comunicación a menudo involucran a organizaciones criminales, se sospecha que el 11 por ciento de los periodistas asesinados en México han sido asesinados ya sea por parte de militares o por funcionarios gubernamentales, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El 27 por ciento de las víctimas cubrían casos de corrupción.
Un periodista ha sido asesinado en lo que va del año, el reportero de crímenes y seguridad Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado en Veracruz en febrero. Aunque Jiménez había estado investigando numerosas historias relacionadas con el crimen organizado, las autoridades anunciaron rápidamente que su secuestro, tortura y asesinato fueron el resultado de una contienda personal, según el CPJ.
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