Las autoridades uruguayas están investigando a miembros de la policía del país acusados de traficar alrededor de 300 armas a Brasil; una señal de que la nación más armada de Suramérica —en términos de posesión de armas per cápita— también puede servir como una fuente importante de armamento para los grupos criminales.
El 14 de abril, las autoridades detuvieron a tres oficiales de policía y a un empresario en la ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil, como resultado de una investigación, informó el diario uruguayo El País. Los detenidos son sospechosos de traficar pistolas 9 milímetros y otras armas semiautomáticas a las ciudades brasileñas de Porto Alegre y Pelotas entre 2013 y 2015.
Según El País, el grupo criminal brasileño Comando Vermelho (CV) es uno de los principales sospechosos de recibir las armas.
Una carretera es lo único que separa a Rivera de Santana do Livramento, su ciudad hermana en Brasil, un factor que facilita el contrabando. La policía brasileña ya había identificado a Rivera como uno de los dos principales puntos de entrada de armas contrabandeadas desde Uruguay hacia Brasil —la otra es la ciudad de Artigas, también en la frontera con Brasil—.
Análisis de InSight Crime
Como se documentó en un informe realizado en 2009 por el instituto de investigación Small Arms Survey, Uruguay es el país con más armas per cápita en Suramérica, con un arma de fuego por cada tres habitantes. Según El Observador, actualmente hay 87 armas por cada 100.000 habitantes en el departamento uruguayo de Rivera, y 54 armas por cada 100.000 habitantes en el departamento de Artigas.
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Esta proliferación de armas probablemente ha alimentado el comercio de armas ilegales hacia Brasil, aunque en Uruguay se han presentado pocos enjuiciamientos en contra del tráfico de armas. Un caso de alto perfil también involucró a la policía del departamento de Treinta y Tres (donde hay 116 armas por cada 100.000 habitantes). La investigación descubrió que por lo menos 200 armas desaparecieron del departamento de la policía, y se sospecha que fueron vendidas en el mercado negro.
Sin embargo, el caso de Treina y Tres terminó por estancarse en la corte, en parte debido a las débiles leyes sobre el tráfico de armas en Uruguay. El año pasado, el Congreso aprobó una nueva legislación de tráfico de armas que prohíbe el porte de armas y municiones sin licencia, y creó nuevas regulaciones para la compra de armas. Sin embargo, la ley aún no ha sido implementada.
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