La muerte del líder de una banda presuntamente responsable de la masacre de más de una docena de mineros en Venezuela representa un paso adelante en la investigación oficial. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer en términos de establecer el control del Estado sobre la minería ilegal de oro en la región.
Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo”, fue dado de baja el 6 de mayo en el oriente de Venezuela, por una comisión conformada principalmente por funcionarios de inteligencia, informó El Nacional.
Las autoridades dijeron que Ulloa, de nacionalidad ecuatoriana, dirigía un grupo criminal en el estado oriental de Bolívar y había sido responsable de la muerte de 17 mineros, cuyos cuerpos fueron encontrados a mediados de marzo. Durante la operación, las fuerzas de seguridad, que al parecer le siguieron el rastro a Ulloa utilizando su teléfono celular, tomaron en custodia a otros dos presuntos miembros de la banda de Ulloa.
Los residentes de la comunidad del área donde Ulloa operaba le dijeron al sitio de noticias Runrun.es que se sabía que el presunto líder de la banda desmembraba cuerpos con una motosierra y enterraba las partes, o bien se las daba de comer a animales, una práctica que supuestamente aprendió luchando al lado de paramilitares colombianos.
La desaparición de los mineros en el mes de marzo llamó la atención sobre el grado de violencia y corrupción al que se ha llegado en el comercio de oro en el estado de Bolívar. Las autoridades han dicho que la masacre estuvo vinculada a tensiones entre la banda de El Topo y otro grupo criminal rival por asuntos de minería de oro. Los lugareños le dijeron Runrun.es que la banda rival, liderada por alias “El Gordo”, intentaba extorsionar las actividades de minería de oro en la zona dominada por la banda de El Topo.
También ha habido oficiales del ejército que han sido acusados de participar en el comercio de oro de Bolívar, supuestamente ofreciendo “protección” a las bandas criminales involucradas en la minería de oro a cambio de una parte de las ganancias.
Análisis de InSight Crime
Falta ver si las autoridades venezolanas seguirán investigando las presuntas redes criminales y corruptas que explotan a las comunidades mineras, en su mayoría indígenas, en zonas remotas del estado de Bolívar. Algunos funcionarios sostienen que el caso es más complejo de lo que parece. Durante un programa de radio, Américo de Grazia, congresista del estado de Bolívar por el partido opositor, La Causa Radical (LCR), dijo que los militares utilizaron a El Topo para “limpiar” las operaciones de minería ilegal rivales, y así permitirles el ingreso de empresas multinacionales.
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En el estado de Bolívar hay un largo precedente de grupos armados violentos que tratan de asumir el control de las operaciones de minería de oro. Como El Nacional informó recientemente, en el año 2015 Bolívar registró al menos 70 muertes y tres desapariciones en zonas mineras. Las autoridades harían bien en seguir investigando estas actividades, en lugar de utilizar la muerte de El Topo como excusa para cerrar el caso y una vez más darles la espalda a las comunidades de mineros pobres de Bolívar.
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