Se dice que agentes de la policía nacional de El Salvador tienen "cárceles clandestinas", donde retienen de manera ilegal a sospechosos de pertenecer a pandillas, otra indicación de los métodos extremos que las fuerzas de seguridad, ya implicadas en actividades de exterminio, aplican en la guerra contra las pandillas.
Las denuncias las hizo Arnaú Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), y fueron divulgadas por la agencia de prensa EFE el 19 de septiembre.
Baulenas declaró que el IDHUCA documentó varios casos de jóvenes detenidos arbitrariamente y retenidos sin justificación alguna ni registro de la detención, hasta meses enteros en algunos casos.
Además, Baulenas alegó que la policía regularmente tortura a los sospechosos, y añadió que su organización tenía evidencia de diez casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía. Como InSight Crime lo había informado, el IDHUCA ha llevado algunos de esos casos ante jueces internacionales junto con otra organización de activistas de derechos humanos.
"Parece ser que se están repitiendo ciertos patrones de conducta" ocurridos durante la guerra civil de 1980 a 1992, advirtió Baulenas.
Entretanto, el 18 de septiembre el presidente Salvador Sánchez Céren anunció un gran despliegue militar en la capital San Salvador para "garantizar que la ciudadanía se sienta tranquila y pueda desarrollar sus actividades". La medida militar, que según el consenso general es un despliegue de fuerza contra las pandillas, se combina con retenes en las vías y controles arbitrarios de identidad, según algunos testigos.
Análisis de InSight Crime
Las denuncias de "cárceles clandestinas" manejadas por la policía, así como la tortura de sospechosos de pertenecer a pandillas sirven como aviso de que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas en El Salvador han comenzado a tomar características de conflicto de baja intensidad, lo que genera los abusos contra los derechos humanos comunes en zonas de guerra.
Las denuncias de tortura y centros de detención clandestinos de la policía se conocen justo después de una investigación del medio de noticias salvadoreño Factum que expuso el funcionamiento de un escuadrón de la policía ligado a varias ejecuciones extrajudiciales.
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Pese a las pruebas cada vez más concluyentes de abusos, el gobierno de El Salvador ha mostrado hasta ahora poco interés por contener las fuerzas de seguridad. De hecho, el reciente despliegue militar en San Salvador indica que las autoridades tratan de mantener sus agresivas tácticas antipandillas.
Conductas extremas e ilegales, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales son en realidad toleradas por amplios segmentos de la sociedad salvadoreña, y muchos miembros de las fuerzas de seguridad consideran justificables estas tácticas dadas las amenazas que enfrentan de las pandillas.
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