Cinco de los seis oficiales de la Policía Nacional de Honduras acusados por el gobierno de Estados Unidos de tráfico de cocaína en una red que involucraba al hijo de un expresidente se han entregado a las autoridades y han sido extraditados a Estados Unidos para enfrentar juicios.
Mario Mejía Vargas, Carlos José Zavala, Juan Manuel Ávila, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz se entregaron voluntariamente en la base militar de Palmerola en Honduras el 11 de julio, tras una solicitud de extradición la semana pasada, informó Reuters. Los agentes fueron trasladados rápidamente a Nueva York en un avión facilitado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).
Se desconoce el paradero del sexto oficial acusado —Ludwig Criss Zelaya Romero—.
Los cinco agentes extraditados sostienen que no aceptaron sobornos para facilitar el tráfico de cocaína por Honduras en su paso desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, como lo señala la acusación de Estados Unidos a los seis oficiales (pdf), informó La Prensa.
Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, es uno de los narcotraficantes con los que la policía supuestamente cooperó. Fabio Lobo se declaró culpable el mes pasado por cargos de narcotráfico que se presentaron igualmente en una corte del Distrito de Nueva York.
Análisis de InSight Crime
La acusación y posterior extradición de los cinco policías hondureños se presenta en un momento en que una comisión de reforma de la policía de Honduras adelanta trabajos para eliminar la corrupción en la institución —una tarea en la que hasta el momento se ha avanzado sustancialmente—.
Pero hasta la fecha, la Fiscalía General de la República de Honduras no ha logrado enjuiciar a los funcionarios acusados de delitos graves, y las extradiciones de esta semana son una muestra de la voluntad de Estados Unidos para actuar contra las actividades criminales en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando las autoridades no lo hacen.
Por ejemplo, el año pasado Estados Unidos levantó cargos contra tres miembros de la influyente familia Rosenthal, de Honduras, acusados de ayudarles a los narcotraficantes a lavar dinero.
VEA TAMBIÉN: InDepth: élites y crimen organizado
Guatemala, El Salvador y Honduras reciben ayuda de Estados Unidos —el año pasado el congreso de Estados Unidos incluyó en su presupuesto anual US$750 millones para la región—. Aunque esas ayudas ya tenían condiciones estrictas, recientemente el senador del estado de Nevada Harry Reid dijo que deben hacerse más estrictas y dirigirse más específicamente a abordar problemas relacionados con el crimen organizado, así como con el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.
El senador Reid presentó un proyecto de ley a finales de junio, en el que recomienda que el 50 por ciento de los fondos sea retenido a menos que los países en cuestión demuestren que están tomando medidas para “contrarrestar las actividades de las pandillas armadas, las redes de tráfico ilícito y el crimen organizado”, así como para “combatir la corrupción, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales, miembros del ejército y policías civiles que se cree que son corruptos”.
En años recientes, Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a actuar si no se cumplen las condiciones establecidas para la concesión de las ayudas. En 2015, el congreso de Estados Unidos retuvo algunos de los fondos destinados a la lucha contra las drogas en México, después de que el país incumpliera ciertas condiciones en materia de derechos humanos. Y aún debe tomar la decisión acerca de si los fondos de 2016 también van a ser retenidos.
Policías de Honduras requeridos por tráfico de cocaína son extraditados a Estados Unidos.
Cocaína incautada en Honduras
Cinco de los seis oficiales de la Policía Nacional de Honduras acusados por el gobierno de Estados Unidos de tráfico de cocaína en una red que involucraba al hijo de un expresidente se han entregado a las autoridades y han sido extraditados a Estados Unidos para enfrentar juicios.
Mario Mejía Vargas, Carlos José Zavala, Juan Manuel Ávila, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz se entregaron voluntariamente en la base militar de Palmerola en Honduras el 11 de julio, tras una solicitud de extradición la semana pasada, informó Reuters. Los agentes fueron trasladados rápidamente a Nueva York en un avión facilitado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
Se desconoce el paradero del sexto oficial acusado —Ludwig Criss Zelaya Romero—.
Los cinco agentes extraditados sostienen que no aceptaron sobornos para facilitar el tráfico de cocaína por Honduras en su paso desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, como lo señala la acusación de Estados Unidos a los seis oficiales (pdf), informó La Prensa.
Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, es uno de los narcotraficantes con los que la policía supuestamente cooperó. Fabio Lobo se declaró culpable el mes pasado por cargos de narcotráfico que se presentaron igualmente en una corte del Distrito de Nueva York.
Análisis de InSight Crime
La acusación y posterior extradición de los cinco policías hondureños se presenta en un momento en que una comisión de reforma de la policía de Honduras adelanta trabajos para eliminar la corrupción en la institución —una tarea en la que hasta el momento se ha avanzado sustancialmente—.
Pero hasta la fecha, la Procuraduría General de la República de Honduras no ha logrado enjuiciar a los funcionarios acusados de delitos graves, y las extradiciones de esta semana son una muestra de la voluntad de Estados Unidos para actuar contra las actividades criminales en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando las autoridades no lo hacen.
Por ejemplo, el año pasado Estados Unidos levantó cargos contra tres miembros de la influyente familia Rosenthal, de Honduras, acusados de ayudarles a los narcotraficantes a lavar dinero.
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Guatemala, El Salvador y Honduras reciben ayuda de Estados Unidos —el año pasado el congreso de Estados Unidos incluyó en su presupuesto anual US$750 millones para la región—. Aunque esas ayudas ya tenían condiciones estrictas, recientemente el senador del estado de Nevada Harry Reid dijo que deben hacerse más estrictas y dirigirse más específicamente a abordar problemas relacionados con el crimen organizado, así como con el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.
El senador Reid presentó un proyecto de ley a finales de junio, en el que recomienda que el 50 por ciento de los fondos sea retenido a menos que los países en cuestión demuestren que están tomando medidas para “contrarrestar las actividades de las pandillas armadas, las redes de tráfico ilícito y el crimen organizado”, así como para “combatir la corrupción, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales, miembros del ejército y policías civiles que se cree que son corruptos”.
En años recientes, Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a actuar si no se cumplen las condiciones establecidas para la concesión de las ayudas. En 2015, el congreso de Estados Unidos retuvo algunos de los fondos destinados a la lucha contra las drogas en México, después de que el país incumpliera ciertas condiciones en materia de derechos humanos. Y aún debe tomar la decisión acerca de si los fondos de 2016 también van a ser retenidos.
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