Autoridades en Guatemala han capturado a siete personas, entre ellas cuatro policías, a las que acusan de formar parte de una organización criminal dedicada al contrabando de armas, al robo y al narcotráfico a gran escala. La participación de policías en crimen organizado es un déjà vu continuo en la historia guatemalteca.
A finales de noviembre, el día 25, el Ministerio Público (MP) informó de varios operativos en cinco departamentos del país, que incluyeron 13 allanamientos y las siete capturas, destinados a “desmantelar la banda Los infiltrados”, según un trino en la cuenta oficial de la institución.
Voceros del MP dijeron luego que la banda se dedica al “robo de furgones, conspiraciones para el asesinato, robo agravado, así como el tumbe de drogas”, recoge una nota de El Periódico. Los tumbes son, de acuerdo con la jerga policial, robos de cargamentos de droga entre grupos criminales, incluidos los enquistados en el gobierno.
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Los operativos de noviembre son, dijo el MP, continuación de otros realizados un mes antes para desmantelar a una banda similar. Las investigaciones, luego, llegaron hasta Los infiltrados, la organización formada por policías activos y retirados.
El territorio de acción de Los infiltrados incluye los departamentos de Jutiapa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, todos ubicados en la transitada ruta del Pacífico guatemalteco, que históricamente ha servido de plataforma de paso a la droga que entra al país vía marítima por las costas fronterizas con El Salvador, la que llega vía terrestre desde las rutas hondureñas o vía aérea desde Suramérica.
Análisis de InSight Crime
Las acciones atribuidas a Los infiltrados son similares, aunque en menor escala por lo que se conoce hasta ahora, a las que se atribuyó a la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) a mediados de la década pasada, cuando varios de sus oficiales de más alto nivel fueron acusados y juzgados por narcotráfico, asociaciones ilícitas y otros crímenes relacionados con corrupción y sicariato.
En 2007, tres diputados salvadoreños que viajaban por la ruta del Pacífico hacia Ciudad de Guatemala fueron asesinados por un grupo de policías que, como Los infiltrados, se dedicaban a realizar tumbes y a actividades de sicariato. Aquellos asesinatos crearon una ola de presión internacional que contribuyó al establecimiento meses después de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Investigaciones del MP y la CICIG determinaron que los policías guatemaltecos implicados en la masacre de 2007 sabían que uno de los diputados transportaba drogas y dinero, por lo que interceptaron al grupo y los mataron a todos. La CICIG determinó que, en efecto, los parlamentarios salvadoreños viajaban con US$5 millones y 20 kilogramos de cocaína.
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Las investigaciones por esta masacre, a la que luego las autoridades bautizaron como Caso Parlacen, descubrieron la existencia de al menos dos grupos de crimen organizado enquistados en el aparato de seguridad de Guatemala durante la presidencia de Óscar Berger (2004-2008), los cuales incluían a oficiales de alto rango dentro de la Policía y a miembros de su gabinete.
Uno de los funcionarios investigados fue Alejandro Giammattei, entonces jefe de prisiones y hoy presidente de Guatemala. Giammattei, quien fue acusado de tolerar exterminio de reos en cárceles guatemaltecas, fue absuelto al final.
Los infiltrados operaron en las mismas áreas y cometieron los mismos tipos de delitos que las redes criminales incrustadas en el estado guatemalteco durante la última década. La investigación ahora necesita determinar hasta dónde llegó la influencia del grupo en la cadena de mando
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