Un nuevo signo preocupante de corrupción oficial en Perú, y de su impacto en el tráfico de drogas, indica que las autoridades han descubierto evidencias de competencias entre grupos de policías que robaban cargamentos de droga provenientes de la mayor región productora de cocaína en el país.
Según La República, las investigaciones sobre cuatro policías y cinco civiles acusados de tráfico de drogas en la ciudad de Cusco han dejado en evidencia una red de policías corruptos que robaban cargamentos de droga procedentes de la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Los nueve sospechosos fueron arrestados en julio de este año, después de que William Condori Huacac —un policía peruano que trabajó en la División de Investigación Criminal de la región— fuera detenido por posesión de cocaína, armas sin licencias y unos US$9.000 en efectivo.
Un colaborador de los fiscales denunció que Condori Huacac lideraba un grupo de policías que les robaban a los narcotraficantes, informó La República. Además, el informante señaló la existencia de un segundo grupo de policías corruptos liderados por un funcionario que trabaja en el VRAEM, y dijo que las dos redes se disputan los cargamentos de droga que pasan por Cusco. (Vea el gráfico de La República abajo).
Este segundo grupo todavía estaría activo, y al parecer las investigaciones han implicado a otros funcionarios de la policía regional.
Análisis de InSight Crime
La corrupción ha sido un problema constante en la policía peruana, donde casi dos docenas de funcionarios fueron despedidos por vínculos con el narcotráfico en septiembre de 2014. Ese mismo mes, cerca de 200 policías estuvieron implicados en una red criminal dirigida por un coronel retirado.
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Este nuevo caso, sin embargo, plantea preocupaciones y frustraciones sobre los esfuerzos por controlar el tráfico de drogas en el VRAEM, la región cocalera más importante de Perú. Debido a las enormes cantidades de cocaína que salen de esta zona, muchas de las cuales son llevadas a Bolivia por el llamado "puente aéreo de cocaína", los funcionarios de seguridad tienen fuertes incentivos financieros para participar en el narcotráfico local.
Y lo que es peor aún, la participación de las fuerzas de seguridad peruanas en actividades ilícitas no se limita al tráfico de drogas: se sabe que la policía también ha facilitado extorsiones. Además, la reciente incautación de 53 granadas en Lima ha vuelto a levantar sospechas sobre complicidad oficial en el mercado negro de armas.
La participación de oficiales de seguridad y funcionarios judiciales en comportamientos criminales genera preocupaciones sobre el potencial abuso de medidas dirigidas a combatir el crimen organizado, como la ley de derribo de aeronaves promulgada en el país, y un decreto legislativo que le permite a la policía tener mayor acceso a datos telefónicos.
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