Política de seguridad en El Salvador: un camino con tropiezos

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Los dos principales partidos políticos de El Salvador se pelean por responder a la alta tasa de homicidios histórica del país, pero ninguno parece proponer ninguna estrategia de seguridad novedosa.

El gobierno afirmó que daría prioridad a desarticular la estructura de mando de las violentas pandillas callejeras de El Salvador a la par que atacaba sus finanzas, indicó el vicepresidente Óscar Ortiz en una entrevista por televisión en el Canal 12.

La violencia entre pandillas rivales como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, así como los combates con las fuerzas de seguridad son los factores que le han valido a El Salvador el dudoso nuevo título de país más sangriento del Hemisferio Occidental.

En respuesta, las autoridades se unieron para contener la violencia de pandillas, dijo Ortiz. “Nunca antes habíamos tenido este nivel de persecución y una estrategia en marcha para golpear y desarticular el crimen como ahora, lo que pasa es que nos va a llevar un poco de tiempo”, dijo el vicepresidente.

Entretanto, un grupo de legisladores de  ARENA, rival conservador del FMLN, planea introducir esta semana un proyecto de ley para registrar a los pandilleros, informó El Diario de Hoy.

El proyecto de ley busca crear una lista de presuntos pandilleros y de sus colaboradores, que facilite a los jueces aplicar sentencias más duras bajo una nueva ley que califica a los pandilleros de terroristas. La lista también permitiría a los miembros de las bandas sin antecedentes criminales que participen en un programa de rehabilitación y reintegración en discusión en el congreso, en palabras de los proponentes.

Análisis de InSight Crime

Las altas cifras de asesinato, récord en El Salvador en 2015, han elevado la seguridad a prioridad política y atraído el escrutinio de la comunidad internacional. A pesar de esta mayor presión, ambos partidos parecen dispuestos a continuar la fallida política represiva de seguridad.

La idea de Ortiz no es nueva. Atacar las cadenas de mando y sus finanzas es algo que las autoridades ya debían estar haciendo, y la vaga promesa de hacerlo no es gran cosa en términos de nuevas soluciones en materia de seguridad.

En la misma línea, el proyecto de ley para registrar las pandillas, impulsada por los legisladores de ARENA, equivale a asegurarse de que se califique como terroristas a los pandilleros y se los castigue con mayor dureza. Este tipo de respuesta trae a la memoria las iniciativas de “Mano Dura” en Centroamérica, las cuales no han logrado mejorar la situación de seguridad de El Salvador en el pasado.

Lo que es muy significativo es que ambos partidos estén igual de preocupados con desviar la responsabilidad del problema de sí mismos. El legislador de ARENA René Portillo Cuadra culpó al Ministro de Seguridad por la actual situación difícil en el país e instó al presidente Salvador Sánchez Cerén a reemplazar su gabinete de seguridad. Así mismo, Ortiz culpó a las administraciones anteriores por 15 años “sin políticas públicas que confrontaran y contuvieran la expansión [pandillera]”.

Sin embargo, sin cambios reales en la política de seguridad y la posición inflexible del presidente Cerén de no reanudar los controvertidos diálogos con los cabecillas de las pandillas, parece que El Salvador mantendrá el récord de violencia que fue su azote en 2015.

Entrevista del vicepresidente Óscar Ortiz con Canal 12

 

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