Políticos de Venezuela acusan al ejército de participar en contrabando de minerales

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Dos congresistas de Venezuela sostienen que los miembros de las fuerzas armadas cumplen un papel central en el contrabando de minerales del país, un ejemplo más de que el Gobierno se está haciendo el de la vista gorda frente a la participación de las fuerzas de seguridad en una serie de actividades ilícitas que contribuyen a la actual crisis económica, política y de seguridad.

En una entrevista del 15 de enero con El Nacional, el congresista Américo de Grazia señaló que “No hay operación de coltán, oro o diamante que no controle la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por lo que el contrabando de minerales es auspiciado, orquestado y ejecutado por integrantes de la FANB”.

Esta no es la primera vez que de Grazia ha acusado a los militares de participar en la minería ilegal. En marzo de 2016, el político de la oposición señaló que los miembros de las fuerzas armadas estaban explotando dicho comercio ilícito para su propio beneficio.

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Históricamente, los grupos del crimen organizado han dominado gran parte de la minería ilegal en Venezuela. Pero, según de Grazia, la FANB controla los sitios de donde se extraen los minerales de manera ilegal, así como las rutas utilizadas para exportarlos, lo cual facilita las operaciones.

Según El Nacional, el hecho de que en diciembre de 2017 el Gobierno aprobara las operaciones mineras en 112.000 kilómetros cuadrados en los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, posibilitó aún más esta actividad criminal, incluso entre las fuerzas armadas.

“En [el estado] Bolívar han aumentado con creces los crímenes y las masacres en zonas mineras, siendo ya común observarlas cada vez con más frecuencia con la participación activa de los cuerpos de seguridad del Estado”, le dijo a El Nacional el congresista Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía, Petróleo y Minería.

En efecto, como InSight Crime ha informado, una ola de asesinatos que se presentó en varias zonas de minería ilegal en diversos sitios de Venezuela en 2017 generó dudas sobre el papel de las fuerzas de seguridad en esta industria ilegal. Sin embargo, Millán le dijo a El Nacional que, a pesar de las acusaciones, el Gobierno no ha hecho nada para detener a los responsables.

Análisis de InSight Crime

Las acusaciones sobre la participación del ejército en el contrabando de minerales en Venezuela ponen de relieve un caso más en el que la administración del presidente Nicolás Maduro se ha hecho el de la vista gorda ante las presuntas actividades criminales de las fuerzas de seguridad.

Los miembros del ejército de Venezuela no son ajenos a la criminalidad. Durante mucho tiempo, el aparato de seguridad ha sido acusado de beneficiarse de la minería ilegal de oro en el país, apoyando a los grupos criminales y proporcionándoles armas a cambio de una parte de las ganancias. Las fuerzas de seguridad también han estado implicadas en el contrabando de alimentos y combustibles, así como de otros bienes esenciales en el país, que ha sido duramente golpeado por la escasez.

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La profunda crisis económica de Venezuela se debe en gran parte a la creciente participación de las fuerzas de seguridad en actividades criminales. Según la organización venezolana Control Ciudadano, el militar con el mejor sueldo en el ejército de Venezuela gana un poco más de 4 millones de bolívares (menos de US$50) al mes. Las lucrativas actividades criminales son aún más atractivas para los miembros de las fuerzas de seguridad que buscan mejorar su situación.

Además, la administración Maduro no ha tomado las suficientes medidas para hacer frente a esta situación. Dado que los militares son un pilar importante de la administración de Maduro, al presidente le interesa hacerse el de la vista gorda frente a las actividades criminales del ejército, con el fin de mantener el apoyo de dicha institución.

Como InSight Crime ha informado, la actual crisis de Venezuela favorece a los grupos del crimen organizado. Y dado que las fuerzas de seguridad se involucran cada vez más en las actividades criminales —sin responder por sus actos—, es probable que la situación continúe deteriorándose.

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