Debido a críticas ciudadanas, los diputados de Paraguay revocaron las recientes modificaciones que habían dejado totalmente sin efecto un proyecto de ley destinado a abordar la infiltración criminal en la política mediante el financiamiento de las campañas, un tema común en toda la región.
Tras acusaciones de que las modificaciones permitirían el ingreso de dineros del narcotráfico en las campañas políticas, el pasado 5 de julio la Cámara de Diputados de Paraguay anuló por votación las enmiendas a un proyecto de ley sobre elecciones generales, que habían sido aprobadas el día anterior, informó La Nación.
El 4 de julio, el límite permitido para las donaciones de campaña privadas había sido aumentado diez veces, lo que les permitía a los individuos contribuir un poco más 3,9 billones de guaraníes paraguayos (más de US$700.000) en lugar de los 392 millones de guaraníes (unos US$70.000) que originalmente había estipulado el texto, informó ABC Color.
Los diputados también habían impedido que tanto la Contraloría General como la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero participaran en las auditorías de las campañas.
Además, se rechazó una propuesta bastante sensata de prohibir las donaciones de individuos que han sido procesados por lavado de dinero o tráfico de drogas, y un diputado intentó en vano levantar las obligaciones para justificar los gastos con facturas y cancelar la obligación de asentar las donaciones en un registro nacional centralizado.
El texto fue finalmente pospuesto por un mes y enviado de vuelta a las comisiones pertinentes, según un comunicado de prensa del Congreso.
Análisis de InSight Crime
Paraguay celebrará elecciones generales el año próximo. Lamentablemente, como muchos países latinoamericanos, la nación está lejos de garantizar elecciones libres de la influencia criminal a través de la financiación política.
El intento de ciertos diputados de anular las normas de financiamiento de campañas está quizá relacionado con el hecho de que la legislatura está plagada de corrupción y algunos de sus miembros tienen vínculos con las drogas, lo que desincentiva a los representantes para emitir duras medidas contra ellos mismos.
Pero si bien el grado de infiltración criminal en el Congreso de Paraguay —y en su élite política en general— hace que las regulaciones financieras sean especialmente vitales para el país, este problema ha afectado a muchos países en toda Latinoamérica.
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En Brasil, poderosas compañías estatales y privadas lograron usar la financiación de las campañas para impulsar lo que bien puede ser el mayor escándalo de corrupción en la historia. Y en Guatemala, las donaciones de campaña ilegales permitieron la elección del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; una vez en sus cargos, éstos les hicieron lucrativos pagos a sus donantes, a expensas del Estado.
La revelación de estos esquemas demuestra la importancia de implementar y hacer cumplir la reglamentación para la financiación de las campañas, con el fin de bloquear al menos uno de los caminos utilizados por el crimen organizado para influir en la política.
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