Según informes recientes, el presidente de Colombia planea suspender el uso de glifosato en las fumigaciones aéreas, una práctica controvertida que tanto políticos como miembros de las fuerzas públicas han utilizado frecuentemente para medir el éxito de sus políticas en la guerra contra las drogas, lo que tal vez explique por qué varios de ellos miran con recelo la posibilidad de suspender las fumigaciones.
Tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, el líder del partido Conservador David Barguil afirmó que en los próximos días el presidente expediría la orden de detener las fumigaciones, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó El Colombiano.
La orden se discutirá más a profundidad el 15 de mayo, fecha en la cual el Consejo Nacional de Estupefacientes analizará los riesgos del glifosato para la salud (sustancia que recientemente fue catalogada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC por sus iniciales en inglés). La entidad colombiana también determinará cuáles son las posibles consecuencias que la suspensión de las fumigaciones traería para la producción de drogas.
Desde el año 2001, el glifosato —ingrediente esencial en el herbicida casero Roundup— ha sido usado para fumigar más de 1,5 millones de hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia.
El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ha dicho que las fumigaciones áreas son una herramienta fundamental para el ejército en su lucha contra la producción de cocaína, y que las fuerzas de seguridad seguirían utilizándola hasta que Santos diera la orden de suspenderlas.
Análisis de InSight Crime
La política de fumigaciones aéreas en Colombia ha sido bastante controvertida desde que comenzó en 1994. Los recientes hallazgos de la IARC les dieron mayores argumentos a los detractores de estas políticas.
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Las comunidades rurales afectadas por las fumigaciones han denunciado que este tipo de prácticas utilizadas para erradicar las plantaciones de coca, también destruyen los cultivos de alimentos legales, y que los químicos usados generan problemas de salud y malformaciones congénitas.
No obstante, las fumigaciones aéreas continúan siendo el método preferido por el gobierno colombiano (y el estadounidense) para atacar las zonas de cultivo. Esto se debe en parte a los peligros que involucra la erradicación manual—dado que grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) plantan minas en campos de coca, y atacan a quienes realizan las erradicaciones— y a que es una actividad que también requiere de bastante mano de obra.
Sin embargo, para los políticos hay otras cuestiones en juego a la hora de reconsiderar el actual uso de fumigaciones aéreas. Una de ellas tiene que ver con dinero. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), el Departamento de Estado de Estados Unidos ha invertido entre mil y dos mil millones de dólares en herbicidas, pilotos, helicópteros escolta y otros rubros asociados con el programa de fumigación colombiano desde 1994.
Otra variable es que las fumigaciones aéreas les permiten a los políticos demostrar que están tomando medidas directas para contribuir al éxito de la guerra contra las drogas, dado que el número de hectáreas fumigadas ofrecen resultados creíbles para los votantes. Es más, con el tiempo, la cantidad de cultivos de coca se ha convertido en un indicador relevante a la hora de medir el éxito en la guerra contra las drogas.
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