A medida que se acerca un histórico acuerdo de paz, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha solicitado a Estados Unidos que retire a las FARC de su lista de organizaciones terroristas y suspenda las órdenes de captura contra jefes guerrilleros, pero advierte que quienes sigan traficando estupefacientes serán extraditados.
Santos hizo la petición durante una entrevista con Associated Press (AP) en el palacio presidencial de Bogotá el 28 de enero, diciendo que sería apropiado que Estados Unidos retirara a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de una lista del Departamento de Estado una vez se firme un acuerdo de paz.
"Si firman es porque tenemos una agenda para su desarme y se han comprometido a dejar las armas y hacer esta transición a la vida civil. Así que yo diría que sí, espero que se los elimine de la lista de terroristas", destacó Santos.
Santos también señaló que le gustaría que Estados Unidos suspendiera las órdenes de arresto contra los líderes de las FARC. Según AP, unos 50 jefes de las FARC tienen acusaciones formales por narcotráfico en Estados Unidos.
"Cualquier esfuerzo que haga Estados Unidos para permitirnos la aplicación de la justicia transicional; por ejemplo, la suspensión de las órdenes de arresto, nos ayudaría mucho", comentó Santos.
No obstante, Santos envió una advertencia a los miembros de las FARC, especificando que quienes sigan participando en narcotráfico serán extraditados.
Santos tiene programado un encuentro con el presidente de Estados Unidos Barack Obama el 4 de febrero, durante una visita a Washington DC, fecha en que también se reunirá con congresistas republicanos. Entre los temas de discusión está aumentar la ayuda de Estados Unidos a Colombia para financiar los programas del posconflicto.
La fecha establecida por las partes para llegar a un acuerdo de paz definitivo se fijó para marzo.
Análisis de InSight Crime
La posibilidad de que se extradite a jefes de las FARC a Estados Unidos ha acechado los diálogos de paz desde su inicio en 2012. Sin embargo, aun cuando las FARC participan en el negocio de la droga como fuente de ingresos, Santos se ha rehusado en forma consistente a enviar a los cabecillas del grupo guerrillero a Estados Unidos para responder por las acusaciones de narcotráfico.
Con este fin, Santos ha ejercido presión para ampliar la definición de “delitos políticos” para incluir el narcotráfico cuando “es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada". En el caso de las FARC, dicha interpretación busca garantizar que los guerrilleros no sean juzgados por delitos relacionados con drogas después de su desmovilización; una contraprestación entre la justicia y la paz que Santos considera necesaria para garantizar un acuerdo de paz definitivo.
Pero como lo señala AP, los funcionarios estadounidenses sostienen que únicamente los fiscales tienen la facultad de suspender las órdenes de arresto contra los cabecillas de las FARC, lo cual mantiene cierta incertidumbre sobre si Estados Unidos mantendrá las solicitudes de extradición.
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Lo que los funcionarios estadounidenses controlan, sin embargo, es la designación de las FARC como organización terrorista extranjera —cuya eliminación podría servir como algo más que un gesto de respaldo simbólico—. Es decir, dicha designación estipula que es "ilegal que una persona en Estados Unidos o bajo la jurisdicción de Estados Unidos preste ‘apoyo o recursos materiales’ a las FARC con pleno conocimiento de ello. Es de suponer que los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales estadounidenses desempeñarán cierto rol en un futuro escenario de postconflicto en Colombia, lo que plantea interrogantes sobre las complicaciones legales en lo que concierne a ofrecer servicios a los miembros de las FARC y a los combatientes desmovilizados en su transición a la vida civil.
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