Preocupante aumento de los linchamientos en México

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La cantidad de linchamientos en México casi se triplicó en 2018, un indicio de que los ciudadanos desconfían de la policía y prefieren tomar la justicia por sus propias manos.

Los linchamientos de presuntos delincuentes aumentaron 190 por ciento, pasando de solo 60 casos en 2017 a 174 en 2018, según un informe publicado el mes pasado de manera conjunta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según el informe, de los 174 casos, 76 por ciento se produjo en apenas cinco estados: 48 en Puebla, 40 en el estado de México, 22 en Tabasco, 13 en la Ciudad de México y nueve en Hidalgo.

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Los robos y asaltos fueron los crímenes que más a menudo provocaron reacciones violentas. A estos les siguen los secuestros y la violencia sexual, según las más de 1.200 encuestas a ciudadanos llevadas a cabo por investigadores en Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, identificadas por los autores como las “zonas rojas” de los linchamientos.

El fuerte aumento en los linchamientos demuestra “la absoluta incapacidad del Estado [para] hacer cumplir los derechos de las personas, [por lo que la gente] decide armarse para responder a la ola de violaciones, robos o secuestros”, dice Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en un reportaje de El Universal.

El informe señala que en lo que va corrido de 2019 se han registrado 67 casos de linchamientos, en los que 107 personas han resultado heridas o muertas. Y agrega que en los últimos años los linchamientos se han convertido en una “forma legítima de justicia” para las comunidades con altos índices de delincuencia.

Análisis de InSight Crime

El gran aumento en los linchamientos en México indica que los ciudadanos continúan desconfiando de la policía y no creen en la capacidad de las autoridades para castigar a los presuntos criminales.

De hecho, menos del cinco por ciento de la población confía en las fuerzas de policía municipales, y casi 40 por ciento cree que los agentes han sido cooptados por los grupos del crimen organizado, según entrevistas a 1.200 ciudadanos durante un estudio realizado el año pasado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados de México.

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Esta falta de confianza no es infundada. La policía municipal de Tehuacán, en el céntrico estado de Puebla, fue suspendida por completo el año pasado, dadas las sospechas de que tenía vínculos con el crimen organizado. Las autoridades del estado de Guerrero, ubicado al suroeste del país, propusieron disolver las policías municipales con el fin de crear una sola unidad, pues se creía que aquellas estaban siendo infiltradas por los grupos del crimen organizado.

Sin embargo, los agentes de policía, especialmente a nivel municipal, tienen enormes obstáculos para llevar a cabo su trabajo. Reciben malos salarios, carecen de suficientes recursos y capacitación, y suelen trabajar en unidades con poco personal en las zonas más afectadas por el crimen organizado.

Establecer programas de policía comunitaria puede ayudar a revertir esta tendencia en las áreas donde los linchamientos ocurren con frecuencia, pues estos asesinatos indican que los ciudadanos se sienten abandonados por las autoridades.

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