En una entrevista de radio, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que Colombia debería considerar expandir su definición de delito político para incluir el tráfico de drogas, abriendo un debate y generando dudas sobre si existe el ambiente político para impulsar una reforma como esta.
En una entrevista con RCN Radio el 2 de diciembre, el presidente dijo que como parte de las conversaciones de paz que lleva el gobierno con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Colombia debería discutir si la definición legal de delitos políticos podría incluir actividades como el tráfico de drogas.
Un movimiento como ese sería necesario para “perdonar” a miles de combatientes de las FARC, afirmó. “Tendremos que ser más flexibles”, agregó.
Como señala la revista Semana, si el gobierno colombiano eventualmente firma un acuerdo de paz con las FARC, primero puede que tenga que asegurarle a los guerrilleros desmovilizados que han participado directa o indirectamente en el tráfico de drogas que no serán procesados por el crimen.
Tras los comentarios de Santos, el Fiscal General de la Nación afirmó que en el contexto de las negociaciones de paz, el tráfico de drogas podría en efecto ser considerado como conexo al delito político, dado que “es indiscutible que en el conflicto armado colombiano el narcotráfico ha sido utilizado como un instrumento relacionado con la lucha armada por parte de la guerrilla”.
El gobierno suspendió temporalmente las conversaciones de paz con las FARC luego del secuestro de un general del ejército. Sin embargo, las negociaciones se retomarán el 10 de diciembre en Cuba.
Análisis de InSight Crime
Un inconveniente que ha surgido frente a las conversaciones de paz en Colombia desde el principio es el hecho de que muchos de los principales líderes de las FARC son requeridos por Estados Unidos por tráfico de drogas. Al parecer, las negociaciones finalmente han alcanzado la delicada etapa en la que Santos debe traer a colación el tema frente al Congreso y al público colombiano: con el fin de llegar a un acuerdo para terminar con el conflicto colombiano de 50 años, puede ser necesario garantizar cierto grado de amnistía a las FARC. Y un tipo de amnistía que los líderes de las FARC ciertamente quieren es la seguridad de que no serán extraditados a Estados Unidos a enfrentar cargos por tráfico de drogas.
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Planteando esta cuestión, Santos ha provocado un debate serio en Colombia, con varios miembros del Congreso interviniendo, además de comentaristas en Twitter y otras redes sociales.
De aprobar tal reforma, otros crímenes cometidos por la guerrilla –incluyendo aquellos que pueden ser considerados como crímenes de guerra, o de lesa humanidad- aún serían procesados en Colombia, bajo los términos de una legislación aprobada en 2012. Esto puede ser difícil de asimilar para aquellos que quieren ver a los miembros de las FARC tras las rejas por tráfico de drogas, pero puede ser un sacrificio necesario para que Colombia pueda por fin ver la paz. ?
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