El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández está convocando a un referéndum popular sobre la conveniencia de consagrar a la policía militar de la nación en la Constitución, ignorando claramente el rechazo del Congreso a dicha medida.
El 24 de enero, una iniciativa para incluir a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la Constitución de Honduras obtuvo 61 votos en el Congreso, por debajo de los 86 votos necesarios para su ratificación, informó La Prensa. Los congresistas votaron en contra de lo que llamaron una "mayor militarización de la sociedad” y a cambio propusieron que se ofreciera apoyo técnico y financiero para reforzar la policía.
Minutos después del rechazo a la medida, Hernández le presentó al poder legislativo un decreto del ejecutivo para celebrar un referéndum popular sobre el tema. Los ministros de Hernández ya aprobaron el referéndum, cuyas votaciones se llevarán a cabo durante el próximo ciclo de elecciones en noviembre de 2017, informó La Prensa.
Sin dar cifras específicas, Hernández mencionó los logros de la PMOP en la reducción de la violencia y citó el apoyo generalizado que existe entre los hondureños a favor de consagrar la policía en la Constitución. Sin embargo, a sus críticas en el Congreso se sumaron las de grupos locales de derechos humanos, los cuales consideran que la creación de la PMOP es un signo preocupante de la creciente militarización en Honduras.
Análisis de InSight Crime
El entusiasmo de Hernández por la PMOP no es de extrañar. Hernández llegó al poder prometiendo una política de seguridad de “mano dura”, continuando con una trayectoria de creciente militarización de la seguridad nacional del país. Lo que sí sorprende, sin embargo, son las maniobras políticas no convencionales y los riesgos que está dispuesto a asumir al apoyar a la PMOP.
Consagrar una fuerza de policía militar en la Constitución nacional es una jugada extraña y lleva a plantear la pregunta: ¿de qué tipo de reacción o resistencia Hernández intenta proteger a la PMOP? Además, tratar de soslayar la decisión del legislativo puede afectar la legitimidad del presidente, ya de hecho debilitada desde la controvertida elección de Hernández como presidente.
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La PMOP, oficialmente sancionada en agosto de 2013, está compuesta por militares que han recibido entrenamiento policial especial. El presupuesto inicial para este organismo fue de US$1,2 millones y sus responsabilidades incluyen recuperar zonas de la ciudad ocupadas por pandillas callejeras, luchar contra el crimen organizado y realizar arrestos. Con 1.000 hombres más agregados en noviembre, las filas de la PMOP ahora cuentan con cerca de 3.000 miembros.
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