Mauricio Macri, recién electo presidente de Argentina, ha prometido que implementará duras medidas contra el crimen apenas se posesione, pero enfrenta una dura tarea para revertir la caída del país en la inseguridad y la proliferación del crimen organizado.
Tras ser el vencedor de unas reñidas elecciones con el 51 por ciento de los votos frente al candidato oficialista Daniel Scioli, que obtuvo el 49 por ciento el 22 de noviembre, Macri declaró que uno de sus primeros actos después de su posesión en el cargo el 10 de diciembre será declarar un estado de emergencia en contra del “imperdonable” aumento del crimen violento, informó Los Ángeles Times.
“Hay que empezar a trabajar desde el primer día [en el cargo] para tomar el control sobre el territorio” afirmó Macri, enviando “un mensaje claro a aquellos [narcotraficantes] que están queriendo instalarse y operar en la Argentina.”
Macri agregó que la inacción del gobierno para detener el avance del narcotráfico en Argentina bajo la administración de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido “inentendible e imperdonable.”
Una vez en el cargo, Macri afirmó que se pondrá en marcha un plan de “profesionalización” de la policía provincial. Según Los Angeles Times, las técnicas policiales que según Macri redujeron el crimen en Buenos Aires, ciudad de la que fue alcalde desde 2007, serán instituidas en todo el país.
Durante su campaña, Macri prometió “derrotar el narcotráfico”, y se mostró a favor de militarizar la política antidrogas, incluyendo dar de baja a presuntas narcoavionetas.
Análisis de InSight Crime
Gobernar una Argentina con niveles de violencia en aumento y un rol cada vez más importante en el tráfico regional de drogas será un gran desafío para Macri.
En años recientes, el crimen organizado y el tráfico de drogas han aumentado su presencia en Argentina, con la consolidación de la presencia de organizaciones criminales internacionales y un asentamiento más firme en el país. Estos grupos extranjeros usan el territorio argentino como punto de tránsito para cargamentos de drogas con destino a África Occidental y Europa, y también sirven para surtir el creciente mercado doméstico de drogas.
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Aún más preocupante —y una posible frustración de los esfuerzos de Macri contra el crimen— es que la difusión del narcotráfico en Argentina ha mostrado señales de haber penetrado las instituciones estatales por la corrupción, con casos recientes que incluyen acusaciones de complicidad de agentes del gobierno en la producción de cocaína y de jueces federales que reciben sobornos de narcotraficantes. Dichas acusaciones criminales alcanzaron las más altas esferas del gobierno, con la acusación sobre Aníbal Fernández, actual jefe de gabinete de ministros, de dirigir una red de tráfico de precursores químicos.
Para complicar los retos que Macri enfrentará a la hora de implementar las nuevas políticas de seguridad es que no cuenta con una mayoría en el Congreso, y hereda un ambiente político muy dividido. Sin embargo, Macri puede tomar un respiro por el hecho que el sistema judicial de Argentina está dispuesto a asumir un rol más participativo para apoyar al gobierno en desmantelas a las redes criminales que operan en el país.
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