El presidente electo de Costa Rica no parece tener un plan coherente para hacer frente a los altos niveles de violencia sin precedentes en la nación, relacionados con el creciente papel del país en el tráfico de drogas a nivel regional.
El pasado 1 de abril, Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de centroizquierda, fue elegido presidente de Costa Rica, tras derrotar al candidato conservador Fabricio Alvarado Muñoz con poco más de 60 por ciento de los votos.
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A pesar de que 2017 fue el año más violento que se haya registrado en Costa Rica, durante la campaña se les prestó más atención a otros temas. En lugar de referirse a la creciente inseguridad, los candidatos se centraron más en temas sociales y económicos, como los derechos de la comunidad LGBT, la deuda interna del país y un caso de corrupción a nivel nacional que involucra al sector del cemento en Costa Rica.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que hay claros signos de que la inseguridad ha ido creciendo en Costa Rica, debido a la mayor participación del país en el comercio internacional de drogas, el presidente electo no presentó durante su campaña un plan claro orientado a detener la creciente ola de violencia y criminalidad.
Los funcionarios costarricenses saben muy bien que la violencia relacionada con el crimen organizado va en aumento. Según un informe oficial de septiembre de 2017, el crimen organizado está "impulsando una oleada de violencia” en el país. Según las autoridades, cerca del 25 por ciento de los homicidios cometidos en 2017 estuvieron vinculados al tráfico de drogas.
Sin embargo, hasta el momento la retórica de Alvarado en torno a la política de seguridad ha sido vaga e inconsistente.
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De hecho, Alvarado ha propuesto mejorar la infraestructura de la policía nacional y la capacitación que se les ofrece a los agentes, así como fortalecer los programas de seguridad ciudadana, como parte de la labor preventiva para luchar contra la criminalidad. Mejorar la formación de los policías es esencial, dado que el año pasado el Gobierno tomó una cuestionable medida mediante la cual se redujeron los requisitos de entrenamiento, con el fin de poner más policías a patrullar las calles. Pero la propuesta de Alvarado no especifica cómo se podrían dar estas mejoras ni cómo se abordarán algunas de las causas generadoras de la violencia en Costa Rica.
Las propuestas de Alvarado de atacar al crimen organizado también carecen de claridad. El presidente electo se ha referido a una de las causas de la creciente violencia: el acceso a las armas de fuego. Para corregir esto ha propuesto un control de armas más estricto y ha planteado la necesidad de un registro de armas con el fin de poderlas rastrear más fácilmente. Pero en Latinoamérica abundan las armas ilegales utilizadas por los grupos criminales, y es poco probable que un registro por sí solo logre arrebatárselas a los criminales.
Alvarado también ha propuesto una ley de confiscación de activos en Costa Rica —una polémica herramienta utilizada por las autoridades de toda la región para ir tras las finanzas de los grupos criminales—. Sin embargo, hay poca evidencia de que dicha política logre reducir la creciente inseguridad, sobre todo en el corto plazo.
Por otra parte, el Partido Acción Ciudadana no cuenta en su plataforma con secciones específicas sobre crimen y seguridad. Falta ver si el nuevo gobierno delineará propuestas más concretas con respecto a la inseguridad en Costa Rica, donde en los primeros tres meses de 2018 se presentó un nuevo récord de homicidios.
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