El presidente de Guatemala destituyó a los dos funcionarios de mayor rango en el servicio de seguridad presidencial después de que fueran acusados de vigilancia ilegal, lo que ilustra la persistencia de redes clandestinas de funcionarios de seguridad que buscan influir en la política guatemalteca.
El 5 de septiembre, el presidente Jimmy Morales despidió al director de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Jorge López Jiménez, y a su director adjunto César Sagastume, informó elPeriódico.
En un comunicado de prensa, el mandatario explicó que la destitución de ambos obedecía a que el Ministerio Público investiga sospechas de su participación ilegal en espionaje ilegal a periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios y políticos.
El comunicado señalaba que el presidente ofrecería "cualquier elemento que contribuyera a la investigación y al esclarecimiento de la verdad".
En agosto congresistas del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunciaron la presunta vigilancia, y acusaron al confidente del presidente Morales, Herbert Armando Melgar Padilla, de estar detrás de las operaciones.
Melgar Padilla tiene una larga historia de participación en la política de Guatemala. Pero su incursión más reciente en la arena política se dio por la época en que UNE hizo preguntas por el presunto espionaje en la SAAS; poco después de eso, un diputado activo renunció abruptamente y Melgar Padilla tomó su lugar.
Morales respondió a la especulación de que el cambio buscaba ayudar a Melgar Padilla a lograr la inmunidad parlamentaria, diciendo que su administración "nunca va a proteger a nadie".
Melgar Padilla fue el jefe de seguridad de Morales mientras estuvo en campaña y luego pasó a ser asesor de la presidencia. Citando a "funcionarios cercanos a la presidencia", elPeriódico informó que López Jiménez era el rostro visible de la SAAS, pero Melgar Padilla era quien realmente controlaba el organismo. El periódico también informó que el nombre de Melgar Padilla aparece en una denuncia penal instaurada ante el Ministerio Público, pero él sigue en el congreso y no enfrenta cargos formales.
Análisis de InSight Crime
No sería sorpresa que se demostrara que miembros del servicio de seguridad presidencial de Guatemala estaban involucrados en operaciones ilegales de espionaje. Esas actividades tienen precedentes históricos que datan al menos de la guerra civil que asoló al país desde la década de 1960 hasta la de 1990. En ese tiempo, el servicio de seguridad e inteligencia presidencial, conocido como Estado Mayor Presidencial (EMP) vigiló e incluso torturó, desapareció y asesinó a opositores políticos.
Aunque el EMP fue abolido en 2003, estructuras clandestinas similares, conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), siguió ejerciendo influencia en la política guatemalteca. Estos CIACS muchas veces tuvieron lazos con organizaciones criminales que buscaban beneficiarse de las estrechas relaciones con actores políticos influyentes.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre los CIACS
Es una señal alentadora que Morales destituyera de sus cargos a López Jiménez y a Sagastume, y que expresara su disposición a cooperar con la actual investigación por denuncias de vigilancia ilegal por parte de la SAAS. Es esencial arrancar de raíz esas redes para evitar que se repitan los abusos del pasado. Sin embargo, Morales ha mantenido una ambivalencia sobre la posible implicación de Melgar Padilla en espionaje ilegal, y queda por ver si la actitud del presidente hacia las investigaciones cambia a medida que progresan.
SUSCRIBIRME