El presidente de Haití insta a sus ciudadanos a trabajar de la mano con las fuerzas de policía del país caribeño para ayudar a reprimir el alarmante aumento de secuestros perpetrados por las pandillas para cobrar rescate, lo que pone en evidencia la incapacidad del Estado de soportar las consecuencias del respaldo a actores criminales cuyo poder va en aumento.
“No tengo problema en cargarme este peso a la espalda... pero necesito su ayuda, necesito el apoyo del pueblo”, declaró el presidente Jovenel Moïse en una alocución en vivo el 25 de enero, donde reconoció la gravedad del problema.
El llamado sorpresa se dio pocas horas después de un nuevo caso de secuestro en el país. Ese día, un niño de diez años fue robado justo en la entrada de su escuela en la ciudad de Carrefour, al suroeste de la Puerto Príncipe. El niño fue liberado más tarde el mismo día, según el diario local Le Nouvelliste.
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Este caso hace parte de un incremento amplio de los secuestros en Haití. Las autoridades pasaron de registrar no más de 39 casos en 2019 a casi 200 en el último año, según una nota de Vice News, lo que representa un incremento superior al 400 por ciento. En cifras no oficiales, sin embargo, Le Nouvelliste estimó que se presentaron 160 casos de secuestro por mes solo entre enero y agosto de 2020.
En medio de las dificultades económicas y la agitación política que se vive en el país, el secuestro ha pasado de ser un delito dirigido mayoritariamente a personas acaudaladas a convertir en blanco a cualquier persona, desde escolares hasta vendedores de víveres e incluso pastores religiosos, según el Miami Herald. Aunque anteriormente los secuestradores hacían grandes esfuerzos por ocultar a sus víctimas, ahora por lo general avisan a sus parientes dónde se encuentran los rehenes, pues "saben que la policía no entrará a los tugurios controlados por las pandillas”, informó el Miami Herald.
Análisis de InSight Crime
El recrudecimiento de los secuestros en Haití tiene relación directa con la impunidad con que operan las pandillas fuertemente armadas en el país, debido en gran medida al apoyo dado por el gobierno a cambio de favores políticos.
Esta crisis lleva meses, si no años, en gestación. A comienzos de 2020, Marie Yolène Gilles, destacada activista de derechos humanos en el grupo de protección de derechos Fondasyon Je Klere (FJKL), declaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que “no hay garantías para la libertad de movimiento” en Haití. “Pues los feudos de las pandillas armadas se han vuelto inaccesibles para la policía, las pandillas han tomado el control total de la población civil que vive en esas zonas y de quienes han secuestrado”, alertó Gilles .
En todo el país, Gilles señala que hay más de 150 bandas armadas activas. Algunas de ellas se benefician de acuerdos de protección con funcionarios de gobierno, quienes, "en un intento por mantenerse vigentes en la escena política, muchas veces recurren a las pandillas y usan estrategias de guerra de pandillas”, según la activista.
De hecho, varios grupos de derechos humanos sostienen que la “G9 an Fanmi” (G9 y Familia), una alianza de bandas negociada en 2020 entre por lo menos nueve pandillas en Puerto Príncipe, parece haberse beneficiado de la protección del presidente Moïse. El arquitecto de esa alianza, Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, es un exagente de policía haitiano.
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El arreglo entre el G9 y los representantes de gobierno, mediante el cual las pandillas mantienen a raya la violencia en las zonas bajo su control a la par que silencian la oposición y aseguran el respaldo político a cambio de protección estatal, revela los nexos históricos entre los actores políticos y los líderes criminales en el país.
Las fuerzas de seguridad del Estado también han estado implicadas en delitos contra la población civil. En algunos casos de secuestro, las víctimas han dicho que han sido abducidas por personas con uniformes de la policía o que conducen patrullas policiales, según el reportaje del Miami Herald.
“Los delitos se cometen con el apoyo, al menos tácito, del gobierno, y los perpetradores gozan de impunidad oficial”, señaló Giles ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
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