Las pandillas callejeras son responsables de los homicidios recientes, asegura Varela. El presidente de Panamá afirmó hace poco que la mayoría de homicidios en el país tienen vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Pero, ¿se basa esta cifra en datos confiables y presentados con transparencia o es una simple maniobra política?
"El 70 por ciento de los homicidios en este país están ligados al crimen organizado y al narcotráfico", fueron las palabras del presidente de Panamá Juan Carlos Varela citadas por la estación local de televisión TN8.
Los comentarios siguen a una serie de homicidios que causaron gran revuelo entre el público en las últimas semanas, incluyendo un tiroteo dentro de un pequeño centro comercial el 14 de febrero.
En conferencia de prensa (vea el video abajo) Varela aseguró a los panameños que pandillas rivales y grupos del crimen organizado son los responsables de la reciente violencia, y que los ciudadanos ordinarios no tenían nada qué temer. El presidente añadió que su administración resolvería la situación educando a la juventud sobre los peligros de la vida en las pandillas y dirigiendo “todo el peso” del gobierno contra los cabecillas.
Video de la conferencia de prensa del presidente Juan Carlos Varela por cortesía de La Prensa
Entretanto, el exministro de seguridad José Raúl Mulino —investigado actualmente por corrupción— culpó a Varela de la reciente violencia y a no haber presentado una propuesta de plan de seguridad nacional, según informes de Panamá América.
Análisis de InSight Crime
En sus intentos por promover sus propios intereses, Varela y Mulino han planteado sus interpretaciones sobre los problemas de la situación de seguridad en Panamá.
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Cuando dice que la mayoría de homicidios ocurridos en Panamá están ligados a las drogas y al crimen organizado, el comentario de Varela implica que gran parte de la inseguridad en Panamá tiene que ver con la violencia entre pandillas. Cabe suponer que esta declaración se basa en el número de sentencias por crímenes violentos que involucran a acusados vinculados a pandillas o al crimen organizado. Sin embargo, no queda claro si es de allí que el presidente tomó sus cifras.
Entretanto, la aseveración de Mulino de que debe culparse a un solo presidente por la violencia en Panamá está teñida de su resentimiento contra una administración que lo destituyó y ahora lo investiga por corrupción.
Ninguno de ellos reconoce que la tasa de homicidios de 2015 en Panamá fue de 493, o 138 menos que el año anterior. En los últimos tres años, el índice de muertes violentas ha caído a 12,4 por 100.000 residentes de 17,3 por 100.000 residentes, según un informe de TN8, que cita estadísticas del gobierno.
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Un diálogo más productivo podría en contextos estos recientes homicidios para determinar si indican un cambio en la situación de seguridad de Panamá o una anomalía en medio de una tendencia general descendente. Por lo menos, el poder ejecutivo de Panamá podría hacer de dominio público la metodología en la que basa su análisis de los datos de homicidios.
Desafortunadamente, este tipo de enfoque transparente a las estadísticas de homicidios y seguridad es raro en Latinoamérica, en particular en algunos países centroamericanos donde el crimen y la violencia son endémicos, y la política de seguridad está muy politizada.
En últimas, la tendencia entre los políticos latinoamericanos de asegurar que la mayor parte de la violencia en un país se debe al “crimen organizado” —sin poner en común la metodología que les permitió llegar a tal conclusión— es presumiblemente una forma demasiado simplista de presentar un problema más matizado. Resta importancia al importante rol que desempeñan las élites de la región en la colaboración y el mantenimiento de las redes de crimen organizado. En muchas formas, puede afirmarse que para el presidente de Panamá es más conveniente en términos políticos llamar la atención sobre los homicidios “relacionados con los crímenes”, que encarar problemas más endémicos y de riesgo político, como el rol de las élites económicas en la corrupción y el lavado de dinero.
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