Un líder del sector de la minería informal de Perú ha afirmado que el presidente Ollanta Humala aceptó financiamiento para la campaña electoral de 2011, planteando interrogantes sobre las relaciones del jefe de Estado con la industria de la minería ilegal.
En entrevista con Perú 21, Víctor Chanduví, dirigente de la Central de Mineros del Perú, dijo que los mineros informales habían contribuido con más de US$1 millón –y con oro puro- a la campaña de Humala. A raíz de acusaciones similares en junio, el mandatario negó recibir dinero del sector minero, señalando que todas las contribuciones a su campaña habían sido declaradas ante las autoridades electorales.
Chanduví también afirmó que entre 2008 y 2010, él y otros mineros informales se reunieron cientos de veces con Humala, su esposa y otros funcionarios, para discutir la formalización del sector.
Así mismo, el dirigente minero señaló que cuando el ministro del Interior, Daniel Urresti, ocupó el cargo de alto comisionado contra la minería ilegal, él solía cobrar cuotas de extorsión a los mineros informales que operan en la región de Madre de Dios. Urresti ha respondido acusando al dirigente minero de calumnia.
Chanduví también dijo que la razón por la cual había hecho pública esta información, tres años después de las elecciones, era porque Humala no había cumplido con su promesa de formalizar el sector. Adicionalmente, aseguró que la campaña de Humala también había recibido dinero de la familia Picón, que actualmente está siendo investigada por lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime
Se ha estimado que la industria de la minería ilegal en Perú está valorada entre US$500 millones y US$3 mil millones anuales. Dentro de esta industria hay muchos tipos de actores diferentes que van desde pequeños mineros que carecen de permisos formales por la tierra que han estado explotando desde hace años, hasta operaciones criminales a gran escala. Es crucial para el gobierno equilibrar el desmantelamiento de las organizaciones mineras manejadas por la mafia, sin criminalizar a todos los mineros informales.
El gobierno aprobó una ley en abril, prohibiendo toda la minería no regulada -mientras toma medidas preventivas para que más de 50.000 organizaciones mineras pequeñas soliciten los permisos- y ha hecho de la industria un foco de atención para las operaciones de las fuerzas de seguridad peruanas. Sin embargo, volar la infraestructura minera de manera indiscriminada no necesariamente implica que las autoridades estén enfrentando el lado criminal del negocio: el rastreo del dinero sucio o la investigación de las mafias que se cree que manejan la extracción de oro en algunas regiones.
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Esta no es la primera vez que Humala enfrenta acusaciones de vínculos con el dinero ilícito -antes de su victoria en 2011, salió a la luz evidencia que lo vinculaba a él y a su partido con fondos de la droga. Humala tampoco es el único presidente que ha sido vinculado con las industrias ilegales en Perú, un país profundamente afectado por la corrupción en todos los niveles del gobierno.
La minería de oro ilegal, que causa un daño ambiental masivo y a menudo está vinculada con la trata de personas, es sólo una de las industrias de extracción ilícitas con las que Perú debe lidiar. Otro recurso natural –la madera- también es un gran problema. Recientemente, el gobierno creó una comisión para abordar el tráfico de madera, después de que cuatro activistas indígenas que se oponían al comercio fueran asesinados.
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