Como otra muestra de la proliferación de la violencia y la intimidación en México, los prestamistas informales del controvertido estado de Michoacán recurren a vigilantes locales para obligar a los deudores a entregar sus propiedades.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán ha divulgado detalles sobre una red de filiales del crimen organizado contratados por prestamistas locales para secuestrar a sus acreedores y posteriormente obligarlos a entregar sus viviendas y propiedades como pago, informó El Universal. Las autoridades estatales han asegurado siete propiedades tomadas ilegalmente en 2011, como parte de pago en nombre de los agiotistas.
"Son inmuebles que fueron despojados a sus legítimos propietarios, a quienes privaron de la libertad a efecto de ceder sus inmuebles en pago de un crédito", declaró un representante de la Procuraduría General de Justicia del estado a El Universal.
Las autoridades no han nombrado el grupo o grupos del crimen organizado responsables de los secuestros por encargo y el embargo de propiedades ni han indicado si se ha realizado algún arresto. La investigación está en desarrollo.
El Universal anotó en su informe que las autoridades enfrentan casos similares en otros lugares del país, incluyendo Yucatán, donde en las últimas semanas ha habido un pico de secuestros exprés de los que se sospecha están conectados con préstamos ilegales.
Análisis de InSight Crime
Por años, Michoacán ha sufrido el azote de la inseguridad y aún no se recupera de las confrontaciones extendidas entre quienes se denominan grupos de "autodefensa" y el crimen organizado, una mezcla complicada de diversos actores paraestatales. Algunos de dichos actores por lo menos han recurrido a las operaciones de préstamo a usura o, por lo menos, actúan como brazo armado de los agiotistas.
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Esto puede explicarse en parte como una derivación de la fragmentación del crimen organizado en México. Las monolíticas organizaciones criminales del país se han desperdigado en los últimos años. Lo que queda es mano de obra a sueldo, un vibrante mercado negro de armas y recursos criminales, que incluyen entender cómo emplear la violencia y la intimidación.
En la región, el agio también se ha convertido en una modalidad popular de las redes del crimen organizado para poner en circulación dineros ilícitos. Dichas operaciones a menudo se fundan en tácticas de control violentas, que a su vez generan mayores preocupaciones sobre la seguridad y mayores índices de homicidios.
Para ilustrar esto, valga anotar que recientemente las autoridades de Cali, Colombia, estimaron que hasta el 10 por ciento de los homicidios en la ciudad tienen relación con operaciones ilegales de préstamo de dinero.
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