El Congreso de Guatemala ha elegido a más de 200 funcionarios para la Corte de Apelaciones, en un proceso de selección lleno de corrupción, que juega un papel importante en proteger a algunos funcionarios de acciones legales.
El 30 de septiembre, las bancadas del Partido Patriota (PP) y de Libertad Democrática Renovada (Lider) trabajaron juntas para elegir a 210 magistrados, titulares y suplentes para las 42 Salas de Apelaciones, informó elPeriódico.
El diario dio una idea sobre los posibles intereses que estaban en juego en la elaboración de la lista de candidatos, empezando con que fue hecha por individuos que hacían parte de la Comisión de Postulación a la Corte Suprema de Justicia, por abogados que defendieron a presuntos narcotraficantes y por parientes de legisladores.
Entre los seleccionados para la Corte de Apelaciones se encuentran Romeo Monterrosa -exabogado del recién capturado narcotraficantes Jairo Orellana- y Artemio Tánchez, uno de los 18 jueces acusados de fallar a favor de grupos criminales en un informe llamado “Los Jueces de la Impunidad”, presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó elPeriódico.
13 de los elegidos para la Corte de Apelaciones también hicieron parte del comité que eligió a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia la semana pasada.
Análisis de InSight Crime
La naturaleza altamente politizada del proceso de selección difícilmente sorprende en un país que ha venido luchando contra la corrupción por tanto tiempo. Con millones de dólares en fondos públicos y los contratos del gobierno en juego, la competencia entre los partidos políticos por llenar los asientos de la Corte, ha convertido lo que debería ser un proceso democrático, en una competencia de favores políticos.
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Más allá de los incentivos financieros, las elecciones para las Altas Corte son un instrumento importante para que quienes tienen poder influyan en las decisiones judiciales. Los partidos políticos pretenden llenar las cortes con jueces que protegerán sus intereses y los de sus aliados de las acusaciones.
En Guatemala no le va bien a los funcionarios de la justicia que no mantienen el estatus quo. A pesar del reconocimiento internacional por sus logros, en febrero, la ex fiscal general Claudia Paz y Paz fue prematuramente expulsada de su cargo un año después de llevar al exdictador Efraín Ríos Montt a juicio bajo cargos de genocidio. En agosto, a Paz y Paz se le prohibió salir del país y se le congelaron sus cuentas bancarias, pero para ese entonces ella ya se encontraba por fuera de Guatemala.
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