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Procurador general de México renuncia en medio de mayor presión para combatir corrupción

ÉLITES Y CRIMEN / 19 OCT 2017 POR PARKER ASMANN ES

El procurador general de México ha entregado su cargo menos de un año después de tomar posesión en medio de una presión creciente para que enfrente la corrupción endémica. Su renuncia es un ejemplo más de la influencia de la sociedad civil en la lucha contra los malos manejos públicos en la región, pero también lleva a preguntarse si su sucesor podrá hacer algo distinto.

El 16 de octubre, el procurador general de México Raúl Cervantes Andrade, aliado cercano del presidente Enrique Peña Nieto, anunció su dimisión, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).

La renuncia de Cervantes se da en medio de un debate nacional en relación con una ley aprobada por el congreso mexicano en 2014 para reemplazar la Procuraduría General del país por un cargo completamente autónomo, lo que hubiera dado a Cervantes un «pase automático» para ser el primer fiscal autónomo del país por un ejercicio de nueve años.

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También se da luego de que el mismo Cervantes fuera el centro de una polémica por corrupción este año.

En septiembre, un informe del grupo de activistas Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuestionó la propiedad a su nombre de un Ferrari de US$218.000 localizado en una residencia presuntamente desocupada en el estado de Morelos. Cervantes calificó el registro del vehículo como un «error administrativo«.

El consultor sobre políticas de seguridad y exoficial de policía Jaime López comentó a InSight Crime que la renuncia de Cervantes «es lógica», y agregó que, aunque el caso del Ferrari no era ilegal. La presencia de Cervantes en la Procuraduría General «era más bien un distractor».

En un comunicado, Cervantes declaró que la fiscalía autónoma era una decisión «correcta», pues permite a los fiscales decidir con «completa autonomía» si abren casos o no, y añadió que su renuncia tenía que ver con «construir mejores instituciones».

Hasta después de las elecciones generales de julio de 2018 no se nombrará un nuevo fiscal general, según información de Animal Político. El subprocurador jurídico Alberto Elías Beltrán ha sido nombrado en calidad de procurador interino.

Análisis de InSight Crime

Raúl Cervantes era considerado por muchos como un símbolo más general de la visible incapacidad del gobierno mexicano para hacer frente a la corrupción endémica y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones de gobierno. Y por sus vínculos personales con Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, algunos creen que la salida de Cervantes —atizada en parte por la presión de la sociedad civil— marca un paso positivo para la lucha que libra México contra la corrupción.

Sin duda, Cervantes no tuvo mucho éxito en el último año. El caso emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 sigue sin resolver, México va en camino a tener su año más violento en década, la impunidad sigue reinando y varios exgobernadores —muchos de ellos copartidarios del presidente— han sido acusados de corrupción.

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Sin  embargo, aunque la renuncia de Cervantes abre la puerta a una designación no partidista del próximo fiscal general en México, hay dudas de que esto baste para ayudar a resolver los problemas de corrupción en las instituciones del país. En este marco, el periodista mexicano Jorge Ramos propuso la idea de una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas para México siguiendo el ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para ayudar a resolver este problema.

Pero López, el consultor de seguridad, dijo a InSight Crime que una eventualidad de esas es improbable, y explica que solo un «colapso total de la confianza» en las instituciones de México crearía las condiciones para la introducción de una comisión internacional contra la corrupción.

Sin embargo, la sociedad civil ha demostrado su resolución en otros lugares de la región. Por ejemplo, el congreso de Guatemala se echó atrás en un «pacto de impunidad» luego de que los manifestantes se volcaran a las calles para protestar contra la corrupción y la impunidad luego de la crisis política actual que implica al presidente Jimmy Morales. Pero está por ver si estos actores tendrán el mismo éxito en México, donde la corrupción institucional existe en condiciones diferentes.

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