Un denominado programa de trabajo voluntario en las cárceles de Río de Janeiro ha puesto de manifiesto los viejos problemas del deteriorado sistema penitenciario de Brasil, caldo de cultivo de algunos de los más poderosos grupos criminales latinoamericanos.
Las autoridades del estado de Río de Janeiro instauraron en el mes de julio una nueva categoría de "trabajo voluntario" para los presos.
Según esta resolución de emergencia, los presos pueden ofrecerse como voluntarios para hacer la limpieza, cocinar o llevar a cabo trabajos de mantenimiento a cambio de ligeras reducciones en sus penas. A finales de febrero, la medida se extendió por otros 180 días, según informó Reuters.
El juez Rafael Estrela, quien autorizó la resolución, le dijo a Reuters que lo hizo porque las autoridades penitenciarias insistían en que no tenían fondos para pagar las tareas de mantenimiento básico.
"Todo se habría detenido… la basura se habría quedado sin recoger, no se podrían entregar los alimentos, no se podrían hacer las reparaciones de la red eléctrica e hidráulica", señaló el juez. “Habría sido un caos completo".
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Los expertos dicen que dicha resolución va en contra de las leyes federales y estatales, que exigen que a los presos se les pague por su trabajo. También va en contra de las directrices de las Naciones Unidas en cuanto al tratamiento de los privados de libertad.
La población carcelaria de Brasil se disparó en las últimas tres décadas y actualmente es de casi 720.000 personas, según el Instituto de Investigación de Política Criminal (Institute for Criminal Policy Research).
Las 56 prisiones de Río de Janeiro albergan unos 53.000 reclusos, más del doble de lo que inicialmente deberían tener.
Análisis de InSight Crime
Ruinosas celdas, déficits financieros constantes, altos niveles de hacinamiento y violencia son algunas de las condiciones que han llevado a que las cárceles se conviertan en incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica, y el sistema penitenciario de Brasil ha generado los grupos criminales más poderosos de la región.
El Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y el Primer Comando Capital (PCC), dos de las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica, nacieron y se fortalecieron dentro de las prisiones de Brasil.
Como InSight Crime lo informó en una investigación especial, ambas pandillas comenzaron como organizaciones de defensa de los derechos de los presos, que buscaban mejorar las condiciones al interior de las cárceles, caracterizadas por violaciones y asesinatos. Pero poco después las pandillas se transformaron en poderosas redes criminales, que actualmente controlan barrios marginales en todo Brasil y dirigen una amplia gama de actividades criminales, entre ellas el narcotráfico. Las pandillas carcelarias se han expandido además hacia países vecinos.
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Brasil no es el único país cuyas cárceles permiten el fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado.
En México, por ejemplo, grupos criminales como Los Zetas extendieron su influencia y poder dentro de las cárceles. En El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 coordinan sus operaciones, incluyendo las intervenciones en política, desde las prisiones.
El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ha prometido enfrentar a las grandes pandillas carcelarias, que han causado el aumento de las tasas de asesinato de Brasil.
Dicho plan, que altos funcionarios de seguridad describieron a Reuters, tiene como objetivo aislar a los líderes de las pandillas y aumentar la vigilancia. También busca construir más cárceles y desplegar fuerzas de seguridad federales en las prisiones.
Las autoridades de Brasil no han logrado detener las pandillas carcelarias, que ejercen un gran poder desde el interior de las prisiones.
"La solución a la seguridad pública en Brasil depende de muchas cosas, y una de ellas es el sistema penitenciario", dijo Fabiano Bordignon, nombrado por Bolsonaro como director del Departamento Penitenciario Nacional, en comentarios con Reuters.
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