El presidente de Bolivia presentó a la Asamblea Legislativa un nuevo decreto de indulto y amnistía que tiene como objetivo aliviar la crisis penitenciaria, pero es poco probable que la estrategia tenga el efecto deseado si no va acompañada de cambios sustanciales en el sistema de justicia.
El proyecto, presentado con el apoyo de los ministerios de Gobierno y Justicia y la Defensoría del Pueblo, tiene como objetivo beneficiar a más de 2.700 reclusos. Bolivia ha implementado un total de cinco indultos y amnistías carcelarias en los 12 años que Morales lleva en el poder, los cuales han beneficiado a casi 6.000 personas privadas de libertad.
Según cifras presentadas por el presidente, las cárceles del país actualmente se encuentran pobladas por 5.409 reclusos con sentencias firmes y 12.537 personas bajo la figura de prisión preventiva. Esto significa que la medida beneficiaría a cerca del 15 por ciento de la población carcelaria actual.
El decreto, que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional del país, que actualmente está controlada por el partido oficialista, no incluirá a reincidentes, presos vinculados a casos de corrupción, delitos contra la vida o contra la seguridad interna y externa del Estado, ni a acusados de tráfico de drogas con condenas superiores a 10 años.
Bolivia es actualmente el cuarto país en Latinoamérica con mayor tasa de hacinamiento y sus cárceles operan en más de un 250 por ciento por encima de su capacidad, según cifras del gobierno citadas por Página Siete.
Análisis de InSight Crime
La más reciente propuesta de amnistía e indulto presentada por Morales se suma a una larga lista de intentos de este tipo que han tenido pocos resultados en mejorar las condiciones carcelarias. Una prueba de este fracaso fue el reciente motín en la cárcel de Palmasola, según el gobierno una de las más hacinadas y violentas del país , que dejó un saldo de más de 30 muertos y arrojó luz sobre el fuerte control que continúan manteniendo los reclusos en las cárceles en Bolivia.
Así mismo, el hecho de que el 70 por ciento de las personas privadas de libertad en el país se encuentren recluidas bajo la figura de prisión preventiva representa una señal alarmante sobre las falencias más profundas en el sistema de justicia de Bolivia y de la ineficacia que ha tenido el enfoque punitivo con el que es abordado el crimen, que prevalece en la mayor parte de Latinoamérica.
Aunque el gobierno boliviano dice tener actualmente en marcha un plan para mejorar las condiciones de seguridad y el hacinamiento en las prisiones, ninguna de sus propuestas parece estar centrada en el fortalecimiento del sistema de justicia ni en su capacidad para procesar casos de manera efectiva e independiente aunque sí contemplan la expansión de la infraestructura carcelaria y el fortalecimiento de la seguridad como algunos de sus ejes centrales.
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Estos planes han tenido tan poco resultado que, según datos del centro Internacional de Estudios Penitenciarios, la población carcelaria en Bolivia se duplicó entre 2006 y 2014, pasando de 7.031 reclusos a más de 14.000.
Como señaló Jorge López, director del sistema penitenciario del país, en entrevista con El Deber, una solución real a la situación penitenciaria se logrará "cuando el sistema de justicia penal cambie de paradigma y considere que la privación de libertad no es la única respuesta al delito”.
Adelantar reformas judiciales para sanear el sistema penitenciario requerirá voluntad política. Pero cualquier estrategia que busque mejorar las condiciones de las prisiones y asegurar su función rehabilitadora deberá también incluir políticas integrales de largo plazo que no se enfoquen únicamente en reducir, de manera temporal, los niveles de ocupación en las cárceles.
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