La controversia generada por la propuesta de un nuevo impuesto de seguridad muestra las profundas divisiones sobre el camino que El Salvador debería tomar en su lucha contra el crimen organizado.
El ministro de Hacienda Carlos Cáceres y el ministro de Justicia Benito Lara afirmaron que el gobierno está preparando la propuesta de un nuevo impuesto de seguridad, informó ElSalvador.com. El secretario de comunicaciones del presidente Sánchez Cerén también pidió la creación del nuevo impuesto durante una declaración realizada el 18 de junio, cuando afirmó que El Salvador no puede depender de los préstamos y donaciones internacionales para financiar la reforma de seguridad.
Estas declaraciones se dieron luego de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictara una medida que prohibió al gobierno emitir bonos por un monto de US$900 millones. Unos US$96 millones de los fondos bloqueados podrían haber sido utilizados para financiar programas de seguridad.
Los funcionarios no han dado detalles sobre cuánto dinero se planea recaudar con este nuevo impuesto, ni tampoco sobre los programas específicos que serían implementados con los fondos adicionales. Lara señaló que el impuesto crearía un fondo común para las reformas de seguridad que se vienen adelantando, similar a un impuesto existente sobre las ventas de gasolina, que es destinado al mantenimiento de vías y a fondos de infraestructura.
Según datos del Banco Mundial, El Salvador está un poco por encima del promedio regional en cuanto al recaudo de impuestos como porcentaje del PIB. En Centroamérica, el promedio de recolección de impuestos como porcentaje del PIB es del 13,7 por ciento y en El Salvador es del 14,5 por ciento, por encima de Guatemala (10,8 por ciento) y Costa Rica (13,6 por ciento), pero ligeramente por debajo de Honduras (14,7 por ciento) y Nicaragua (14,8 por ciento).
Análisis de InSight Crime
No es de extrañar que esta propuesta haya generado controversia en El Salvador, donde los empresarios han afirmado que el gobierno necesita un mejor plan para combatir la inseguridad, en lugar de un nuevo impuesto. “Creemos que los recursos están pero no se están utilizando adecuadamente”, le dijo un líder empresarial a La Prensa Gráfica.
El presidente dijo que una de las principales iniciativas de su gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (un cuerpo de seguridad compuesto por representantes del gobierno y la sociedad civil), será el organismo encargado de decidir si el impuesto es necesario.
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Si bien es cierto que una mayor financiación ayudaría a las autoridades a combatir los históricos niveles de violencia, el gobierno aún no ha sido concreto sobre la manera en que los nuevos fondos serían utilizados. Otro dilema consiste en definir si el dinero del impuesto seguirá siendo utilizado en la aplicación de un enfoque militarizado de mano dura o si el gobierno cumplirá con sus promesas de implementar reformas de seguridad más preventivas.
Otros países de Centroamérica han debatido la creación de nuevos impuestos para financiar sus reformas de seguridad, algunos de ellos de manera exitosa. En 2011, Honduras aprobó una ley para implementar un nuevo sistema de impuestos. Según El Heraldo, en 2014 el país recaudó 1,9 billones de lempiras (aproximadamente US$86 millones) a través de este impuesto de seguridad, duplicando la cifra de recaudo de 2012 y 2013.
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