El Congreso de Honduras ha comenzado el debate sobre la posible creación de una unidad de policía militar como una respuesta a la espiral de violencia, una discusión que probablemente tratará sobre los peligros de mezclar las funciones policiales y militares.
El 8 de mayo, el Congreso debatió una proyecto de ley que busca crear una policía especializada, conocida como los "Tigres" (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial). El Congreso aprobó la ley en el primer debate, esperando dos debates más.
La unidad podría recibir entrenamiento militar y se centraría en proporcionar seguridad ciudadana y en combatir el crimen organizado, según informó el diario La Tribuna. La fuerza estaría situada en bases militares y caería bajo el mando de la Secretaría de Seguridad.
Según la propuesta, los reclutas tendrían que tener entre 18 y 22 años de edad y someterse a una serie de pruebas de competencia, incluyendo el polígrafo, antes de ser contratados.
El diputado Mario Pérez, jefe de una comisión parlamentaria que se ocupa de las cuestiones de seguridad y defensa, dijo que los Tigres podrían ayudar al país a resolver sus problemas de seguridad, y destacó que sus funciones serían especializadas y separadas de los de la Policía Nacional.
La propuesta fue debatida por primera vez en julio de 2012, pero fue rechazada.
Análisis de InSight Crime
La seguridad es una de las principales preocupaciones en Honduras, que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo y registró un número récord de homicidios en 2012. Reformar la corrupta policía del país es una de las principales prioridades en este sentido, pero pese a la baja de más de 650 funcionarios, los esfuerzos han continuado a un ritmo más lento.
Parece probable que la nueva unidad va a difuminar aún más la línea entre la policía y los militares en Honduras, que ya ha sido distorsionada por los despliegues militares, a principios de este año, en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, haciendo eco a una operación similar en noviembre de 2011.
Como han señalado los críticos de una tendencia similar hacia la militarización de la fuerza pública en México, esta superposición de funciones puede generar preocupaciones tanto por los Derechos Humanos, como por los problemas de seguridad para la población civil.
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