El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador propuso una nueva reforma a la legislación penitenciaria que tiene como objetivo limitar las extorsiones y aumentar el control sobre el contacto de los reclusos con el mundo exterior. Sin embargo, legisladores de varios partidos han señalado que estas reformas no son suficientes.
Las reformas presentadas al Congreso el 23 de julio buscarían limitar las visitas a los prisioneros, informó La Prensa Gráfica. La medida está diseñada para reducir las extorsiones y limitar el flujo de contrabando dentro de las prisiones y hacia fuera de ellas.
Si bien los legisladores han respondido de manera favorable a los cambios propuestos como medidas independientes, miembros de varios partidos del Congreso afirmaron que el paquete de reformas no es suficiente para abordar la amplia variedad de problemas que afectan las prisiones de El Salvador.
Las reformas propuestas incluyen una reducción en el número de visitantes que pueden ser registrados por recluso, los cuales pasarían de diez a cinco. Los visitantes seleccionados —que deben tener una relación de parentesco con el preso— sólo podrán ser cambiados después de un año.
La iniciativa que busca reformar el código penal se presenta una semana después de que la administración del presidente Sánchez Cerén lanzará una nueva estrategia de seguridad. Uno de los cinco objetivos principales del plan de seguridad denominado “El Salvador Seguro” (pdf) consiste en limitar la influencia de las pandillas criminales en el sistema penitenciario, al tiempo que se abordan otros problemas como la rehabilitación y la reinserción de los reclusos.
Análisis de InSight Crime
El actual código penal de El Salvador data de 1997, por lo que éste podría ser justo el momento adecuado para actualizarlo y mejorarlo. Si bien cualquier medida que tenga como objetivo reforzar los controles al sistema penitenciario salvadoreño es positiva, los legisladores tienen razón al afirmar que la propuesta actual está desencaminada en cierta medida. Limitar el número de visitantes que los reclusos pueden recibir no será suficiente para detener las extorsiones y el contrabando si las autoridades penitenciarias siguen siendo corruptas y mal entrenadas.
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Si bien es poco probable que la problemática de los derechos de los reclusos se convierta en una de las prioridades de la agenda política gubernamental en el corto plazo, hay algo de retaliatorio en el momento en que estas reformas son pleanteadas, dada la situación de seguridad actual de El Salvador. Los líderes de las pandillas negociaron un aumento en sus derechos como parte del trato durante la tregua con el gobierno. Sin embargo, con el rompimiento de la tregua el gobierno anuló estas concesiones, volvió a trasladar a los líderes pandilleros a una prisión de máxima seguridad, y ahora podría haber mayores controles a las visitas.