Una nueva ola de protestas en la conflictiva región cocalera de Colombia ha dejado cuatro muertos y decenas de personas y policías heridos, mientras el gobierno adopta una posición dura contra los agricultores que se oponen a la erradicación del cultivo que es la materia prima de la cocaína; incluso mientras negocia asuntos similares con la organización guerrillera más grande del país.
El malestar social provocado por los planes para destruir los cultivos de coca cerca de la frontera con Venezuela en la región nororiental del Catatumbo dejó cuatro muertos y decenas de heridos el mes pasado. Nuevos enfrentamientos esta semana dejaron 13 manifestantes y 24 policías heridos, informó el programa de radio La FM.
La policía también anunció el jueves que los fiscales estaban presentando cargos contra 10 de las 32 personas detenidas en los enfrentamientos del mes pasado, informó el diario El Tiempo; muchos de ellos por terrorismo y vandalismo.
Unas 18.000 personas no pueden salir de sus hogares a causa de los bloqueos de los manifestantes, dijo la ONU. Estos bloqueos han causado escasez de alimentos y un fuerte aumento de los precios, informó RCN Radio.
Una protesta nacional está prevista para el 20 de julio, día de la independencia de Colombia, dijo la ex senadora Piedad Córdoba que dirige su propio pequeño partido político.
Análisis de InSight Crime
La remota región rural del Catatumbo es un lugar simbólico para el conflicto colombiano, con una larga y turbulenta historia de actividad guerrillera, masacres paramilitares y represión gubernamental. Una historia que se repite en el resto del país y otras naciones de los Andes: los agricultores cocaleros se encuentran en el centro del conflicto entre todas las partes, y han afirmado que el gobierno no ha podido ofrecerles otras alternativas económicas viables a sus cultivos ilegales.
A medida que continúan en Cuba las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más grande del país, y el gobierno, el conflicto en el Catatumbo ofrece un microcosmos de los problemas arraigados a la reforma agraria y el desarrollo económico que ambas partes están tratando de abordar.
No obstante, las negociaciones entre el gobierno y los campesinos, cuyas exigencias incluyen la creación de una reserva campesina y un plan de desarrollo rural, han fracasado. Y la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos dijo que la creación de una reserva campesina no estaba en discusión, ya que "no vamos a poner en juego la autoridad del Estado y la seguridad de los colombianos".
El Gobierno también afirma que las protestas están siendo incitadas por las FARC, y que las reservas campesinas semiautónomas podrían convertirse en santuarios guerrilleros.
Por su parte, las Naciones Unidas han acusado al gobierno de utilizar la fuerza excesiva en respuesta a las protestas legítimas.
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