Las milicias respaldadas por el gobierno han sido acusadas de asesinar a manifestantes durante los recientes disturbios civiles en Venezuela, llevando el centro de atención a los grupos armados que podrían volverse aún más peligrosos si rompieran los lazos con las autoridades.
Desde el estallido de protestas contra el gobierno en febrero, figuras de la oposición han acusado al gobierno de Maduro de utilizar milicias urbanas de izquierda, conocidas como "colectivos", para reprimir violentamente la protesta.
"Los colectivos son grupos paramilitares armados por el gobierno y protegidos por funcionarios uniformados", dijo a Reuters el líder de la oposición Leopoldo López.
Las milicias han protagonizado numerosas contra-manifestaciones y se cree ampliamente que están detrás de los ataques contra los manifestantes, por parte de hombres armados en motocicletas, que han dejado a varios manifestantes muertos.
En respuesta a la violencia, el presidente Nicolás Maduro repudió a las milicias, diciendo "No acepto grupos violentos en el campo del chavismo y la revolución”, reportó Infobae.
Análisis de InSight Crime
La relación entre el gobierno venezolano y los colectivos es compleja, y la alianza entre ambos no está de ninguna manera garantizada.
Las milicias operan en los lugares pobres de los centros urbanos, donde en muchos casos se han convertido en las autoridades de facto. Éstas ejercen un control estricto sobre la vida diaria y proporcionan seguridad en los barrios marginales plagados de criminalidad, actuando como "policías, fiscales y jueces".
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Sin embargo, aunque han estado actuando en contra de los opositores del gobierno en las recientes protestas, los colectivos son independientes e incluso a veces críticos del partido socialista. Con Maduro distanciándose de sus acciones, y el futuro del proyecto político chavista cada vez más tenue, se plantea la posibilidad de que al menos algunos de estos grupos corten lazos con el gobierno.
Si esto ocurre, las milicias podrían fácilmente recurrir a actividades criminales lucrativas para financiarse. Según un informe de 2011 de International Crisis Group (pdf), algunos de los colectivos pueden ya estar involucrados en el tráfico de drogas, el robo de automóviles y otros crímenes organizados, y tienen las armas y los contactos -especialmente con los grupos guerrilleros colombianos- para reforzar su participación en el hampa.
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