Alrededor de 200 familias en el estado de Sinaloa se han visto obligadas a huir de sus hogares, debido a amenazas de muerte por parte de un grupo criminal presuntamente vinculado a los Zetas, sumándose a las miles de personas desplazadas por el crimen organizado en México.
Como informó el diario La Jornada, las familias de la comunidad de El Tecomate de la Noria se han refugiado en la segunda ciudad más grande del estado: Mazatlán. Un funcionario de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, dijo al diario que las familias tomaron las pertenencias que pudieron y huyeron en coche, taxi y hasta pidiendo un aventón. Esta es la quinta comunidad en el municipio de Mazatlán que ha sido desplazada por amenazas y/o violencia de los grupos armados.
Sinaloa es una de las regiones de México más afectadas por el desplazamiento, con estimados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) de entre 25.000 y 35.000 desplazados internos en el estado. Según La Jornada, Sinaloa ha registrado desplazamientos en 11 de sus 18 municipios.
Análisis de InSight Crime
Como era de esperar, Sinaloa y otros estados con altos niveles de violencia relacionada al crimen organizado han experimentado las mayores tasas de desplazamiento en México. Según un informe del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Center - IDMC) publicado a principios de este año, los desplazamientos son 4,5 veces más propensos a tener lugar en municipios violentos que en los no violentos de México. El organismo internacional sumó un total de 141.900 personas desplazadas por la violencia del narcotráfico desde 2007, con la mayoría de los desplazamientos concentrados en los estados violentos como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
[Vea el especial de InSight Crime sobre la nueva cara del desplazamiento en Latinoamérica]
Con un estimado de 230.000 personas desplazadas el año pasado, hay pocos indicios de que el fenómeno esté disminuyendo. El gobierno ha tomado recientemente algunas medidas clave hacia el reconocimiento formal de la población desplazada, incluyendo el anuncio de planes para crear un registro oficial de personas desplazadas por el crimen organizado. La creación de un proceso por el cual las víctimas del desplazamiento sean reconocidas oficialmente por el gobierno nacional es el primer paso para asegurar que la población "refugiada" pueda recibir más apoyo de los servicios internacionales de socorro.
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