Se ha establecido en Brasil un organismo nacional de lucha contra la trata de personas, como parte de una nueva estrategia destinada a hacer frente a este delito, pero sin muchos de los cambios necesarios en la ley, el trabajo esclavo seguirá floreciendo en el país.
El Comité Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas (Conatrap) estará formado por 26 miembros -12 del gobierno federal, 12 de la sociedad civil y dos representantes del gobierno regional, según un comunicado publicado en la página de internet del Ministerio de Justicia. Ellos ejercerán su cargo durante dos años.
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Conatrap tendrá la tarea de proponer nuevas iniciativas contra la trata, realizando estudios y monitoreando la aplicación de los planes nacionales de lucha contra la trata de personas, informó el Diario de Pernambuco.
Análisis de InSight Crime
Conatrap es la última iniciativa en el plan nacional de tres años, del gobierno brasileño, contra la trata de personas, el cual entró en vigor a comienzos del año pasado. En un país donde se estima que más de 200.000 personas estan atrapadas en la esclavitud, es una buena noticia que el gobierno esté reconociendo que la trata es un problema nacional grave, y que se han logrado algunos avances significativos. El año pasado se llevó a cabo el primer estudio importante sobre tráfico en Brasil, y el número de denuncias de trata de personas llegó a un dramático 1.500 por ciento. El gobierno también ha invertido millones en la creación de nuevos puestos en todo el país para proporcionar servicios a las víctimas.
Sin embargo, ninguna cantidad de concientización, mejora en los servicios o comisiones nacionales van a hacer realmente una diferencia en esta práctica arraigada, hasta que la ley logre disuadir a quienes se dedican a ella. El verdadero problema es que los intereses extremadamente poderosos utilizan ampliamente la explotación laboral, y hasta ahora han impedido con éxito que se produzca un cambio en la ley que realmente los afecte –poco sorprendente en un país donde la corrupción penetra todos los niveles del sistema político y judicial. La aprobación de una enmienda constitucional, que permitiera confiscar la propiedad de los esclavistas, se ha frenado durante más de diez años. Si el Conatrap recién formado realmente quiere tener un impacto, sería un excelente comienzo hacer lobby para que esta enmienda finalmente se convierta en ley.
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