¿Puede Honduras manejar el enorme número de casos de corrupción policial?

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La comisión de reforma de la policía de Honduras le ha pedido al Ministerio Público que investigue a más de 500 funcionarios por su presunta participación en diversos crímenes, pero es poco probable que el débil sistema judicial del país esté preparado o dispuesto a manejar el enorme y controvertido número de casos.

Durante una conferencia de prensa el 20 de septiembre, la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras dijo que entre los más de 500 oficiales que se le solicitó al Ministerio Público que investigara, se encuentras tres generales de la institución.

La comisión dijo que ha evaluado a 1.515 agentes de la Policía Nacional desde que se conformó a principios de abril, a raíz de informes según los cuales altos funcionarios de la policía participaron en el asesinato del zar antidrogas del país en 2009, y en el asesinato de quien lo remplazó dos años más tarde. Más de 620 de los agentes evaluados hasta la fecha han sido despedidos, 14 han sido suspendidos, 36 han renunciado voluntariamente y 27 siguen bajo investigación, dijo la comisión. Un poco más de la mitad de los 1.515 oficiales (es decir, 810) han sido reintegrados a la policía.

Después de la conferencia, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, anunció que mil nuevos agentes de la policía nacional fueron contratados en diciembre pasado, y que otros mil serán incorporados a finales de este año, informó AFP. El presidente Juan Orlando Hernández dijo que quiere que el número de policías del país pase a ser de más del doble, de 12.000 a 26.000.

Análisis de InSight Crime 

Hasta el momento, la comisión de reforma policial ha sido muy eficaz para investigar y despedir a los agentes corruptos, a diferencia de los mediocres intentos anteriores de depurar a la policía nacional. Sin embargo, es poco probable que este auge dé como resultado sólidas investigaciones criminales por parte del Ministerio Público, como lo está solicitando la comisión.

Por un lado, el Ministerio Público tiene malos antecedentes en relación con el seguimiento que se le debe hacer a las denuncias formales presentadas contra agentes de la policía. Según Omar Rivera, miembro de la comisión de reforma policial, la fiscalía no ha logrado investigar a más de 3.000 funcionarios sobre los que se han presentado denuncias en los últimos 10 años.

“Con la cantidad de trabajo acumulado […] es evidente que una sombra de impunidad se cierne sobre la policía,” dijo Rivera recientemente.

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Por otro lado, el débil y sobrecargado sistema judicial de Honduras les ha permitido a los criminales disfrutar de impunidad tanto como a la policía. Un estudio realizado en diciembre de 2014 por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) descubrió que sólo el 1 por ciento de los homicidios en las tres ciudades más grandes del país resultan en condenas. Honduras es uno de los países más violentos de Latinoamérica, y durante varios años fue considerada la capital mundial del crimen.

En este contexto, es difícil suponer que el Ministerio Público logrará enjuiciar incluso a un pequeño número de los más de 500 policías que según la comisión de reforma son culpables de actividades criminales.

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