El creciente número de firmas de seguridad privada en Guatemala es un síntoma de la incapacidad del estado de brindar protección a sus ciudadanos, pero esta pujante industria es vulnerable a la cooptación criminal y podría generar problemas de seguridad por sí misma.
Guatemala tiene actualmente más de 200 firmas de seguridad privada y 150.000 guardias de seguridad —cinco veces más que la fuerza policial del país con un pie de fuerza de 30.000 agentes, según la BBC. Menos de 100 de esas firmas tienen registro legal.
Estos servicios privados han florecido en el país como resultado de la desconfianza pública en los organismos estatales, como la policía, afirmó a la BBC la experta en seguridad para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés) Adriana Beltrán. Los directores de las empresas de seguridad privada dicen que la demanda para estos servicios sigue creciendo.
Empresas y personas pagan cuotas de US$545 mensuales para la mantener vigilancia de un guardia de seguridad, y US$1.500 al mes por guardaespaldas personales. Seguridad Integral, una firma de seguridad privada fundada en 1990, cobra hasta US$26.000 por el servicio de seguridad en eventos. Otros servicios incluyen la contratación de carros de patrulla para acompañar envíos de productos a un precio de US$2 por kilómetro.
Un propietario de una firma de seguridad dijo a la BBC que los años noventa, sus clientes pensaban que la mayor amenaza para ellos era el secuestro. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad han aumentado con el tiempo, y en años recientes ha habido un incremento en la extorsión.
Análisis de InSight Crime
Con grados de inseguridad tan altos en la región, las firmas privadas son consideradas una opción preferible y, en algunos casos, necesaria para quienes pueden pagar sus servicios. Pero estas empresas de seguridad pueden plantear problemas por su misma naturaleza, pues muchas no están reguladas y son susceptibles de ser infiltradas por grupos criminales.
Guatemala y sus vecinos centroamericanos asisten a un crecimiento acelerado de la industria de seguridad privada como respuesta a unas de las tasas de homicidios más altas del mundo, la extorsión generalizada y la percepción de debilidad y corrupción en las fuerzas de seguridad. Según algunos estimativos, la fuerza de seguridad privada en Honduras, con 90.000 operativos, es tres veces mayor que la de la policía y el ejército juntos. El número de agentes de policía en El Salvador también se ve superado por los 24.100 guardias de seguridad privada del país.
La seguridad privada también gana fuerza en Venezuela, que sufre de escasez de productos básicos, como resultado de una grave crisis económica. Los agentes de policía son blanco cada vez más de criminales, y ven el trabajo en el sector privado como una opción más segura y mejor paga.
La industria, sin embargo, se ha mostrado vulnerable al crimen organizado. Firmas guatemaltecas se han visto afectadas por acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, colaboración con grupos ilegales vinculados al narcotráfico, y como compradores importantes de armas ilegales. Las firmas de seguridad en El Salvador han sido infiltradas por pandilleros, y se sabe que algunas ofrecen directamente o desvían una gran cantidad de armas a la criminalidad en el país y en el exterior, en países como Honduras y Brasil.
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La naturaleza informal de esa industria permite explicar el cruce relativamente fácil entre lo legal y lo ilegal. La mayoría de las firmas de seguridad en Centroamérica no tienen registro, y funcionarios del gobierno guatemalteco informaron en 2014 que 99 por ciento de los guardias de seguridad trabajaban sin la documentación reglamentaria.
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